El TC estudiará la próxima semana el recurso del Gobierno contra el protocolo canario

El Tribunal Constitucional estudiará la próxima semana si admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias, actualmente suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes de la corte de garantías informan de que el Pleno que arranca el próximo martes analizará el recurso del Ejecutivo, cuyo ponente es el magistrado conservador Ricardo Enriquez.

Hace 10 días, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó de que el Gobierno iba a recurrir al TC, tras obtener el aval del Consejo de Estado.

En opinión del Gobierno central, el protocolo del ejecutivo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".

En el protocolo, el ejecutivo de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida.

Y añade que solo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando haya plazas disponibles.

De hecho, dicho protocolo está suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que expone a ese colectivo a un riesgo de desprotección, aunque entiende las quejas del Gobierno autonómico.

"No le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta", señalan los magistrados, que consideran, no obstante, que deben hacer primar el interés superior de los menores.