Acavite se suma a la repulsa de la reforma de la ley estatal que permite reducir las penas a 44 etarras

La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, Lucía Jiménez, asiste a las diferentes sesiones de la Conferencia Internacional de Alto Nivel organizada por la ONU sobre Víctimas del Terrorismo, en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz, inauguradas este martes, por el Rey Felipe VI, en medio de la polémica reforma de la ley defendida por el Gobierno español, que permitirá a 44 presos etarras salir antes de prisión, de los cuales siete estarían en libertad en unos meses.

Acavite como la Asociación nacional AVT de víctimas del terrorismo se muestran totalmente en contra de esta ley, cuyo trámite debía pasar este martes por el Senado, punto que ha sido demorado para ver cómo el PP, con mayoría en la Cámara alta, puede arreglar el "error" de haber aprobado la norma en el Congreso.

Dicha reforma de ley fue aprobada de forma unánime en el Congreso el pasado 18 de septiembre, y ningún grupo presentó ninguna enmienda a la misma. Algo que lamentan desde la oposición, al asegurar que no eran conscientes de la reforma debido a que era una enmienda incluida en otra ley. Las críticas al PP arrecian por no haberse leído los papeles antes de votar.

Para Lucía Jíménez, "es incomprensible" que se haya 'colado' esta ley, y en esta posición se alinean todas las asociaciones que asisten a la Conferencia de la ONU, expone. Piden que se reconduzca la norma y no entienden cómo por "ineficacia y vagancia" de los políticos en el Congreso, se les haya pasado esta norma. "Es tremendo y bochornoso", afirma Jiménez.

Históricos dirigentes de ETA como Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', y José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', o Soledad Iparraguirre, 'Anboto', podrían ser excarcelados ya el próximo 2025, adelantando su liquidación de condena al descontarse los años en que pasaron en prisión en Francia, gracias a la aplicación de la reforma de la ley orgánica 7/2014, que está en trámite parlamentario en el Senado.

Lo que ocurrió es que en la Comisión de Justicia del Congreso se introdujo una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Y al parecer la oposición no se dio cuenta y votó a favor.

Políticas de apoyo y reparación

En medio de esta polémica, el encuentro que se extenderá hasta el 9 de octubre, reunirá a representantes de los Estados Miembros de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, víctimas del terrorismo, y especialistas, con el objetivo de seguir avanzando en políticas de apoyo, reparación y memoria de las víctimas.

En este sentido, la Conferencia es un seguimiento del encuentro celebrado en Nueva York en septiembre de 2022, con la participación de instituciones como la Oficina de Lucha Contra el Terrorismo de la ONU (UNOCT) y el Gobierno de España. Durante ese evento, se acordó organizar esta nueva reunión en 2024 para evaluar los avances en la implementación de las recomendaciones realizadas. Uno de los objetivos principales es profundizar en el papel de la educación en la prevención del terrorismo y la protección de los derechos de las víctimas. En palabras de los organizadores, “esta conferencia será un paso crucial para garantizar que los derechos de las víctimas del terrorismo sean respetados y su memoria preservada”.

Quince años persiguiendo una ley para Canarias

La Asociación canaria Acavite aúna a 300 víctimas canarias del terrorismo perpetrado por el Frente Polisario mayoritariamente contra trabajadores civiles de FossBucraa, pescadores, y militares españoles de tropas nómadas destinado en el territorio del Sáhara en las décadas de los 70 y 80, expone Lucía Jiménez.

Acavite viene denunciando y reclamando desde "hace más de quince años", al Parlamento, a los distintos presidentes canarios del Ejecutivo y al actual pacto de Gobierno, que encabeza presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y Manuel Domínguez (Partido Popular), la "urgente necesidad de aprobación, tramitación y ficha financiera de la Ley Canaria de Ayuda, Reparación y Restitución a Víctimas del Terrorismo", expresa Lucía Jiménez.

"Es una de las pocas comunidades de todo el Estado, - junto a Cataluña y Galicia-, sin promulgar, ni proteger con una legítima ley autonómica de protección a los trabajadores que reparen definitivamente a las familias de isleños asesinados, heridos, ametrallados, secuestrados, y desaparecidos de la empresa minera de FossBucrá, asesinados por bombas en el antiguo Sáhara español, (actual Aaiun, Marruecos), contra las dos decenas de barcos de pesca que fueron ametrallados por el Frente Polisario", denuncia Jiménez.

Además, Acavite recuerda que en Canarias existen también víctimas abandonadas del Mpaiac, Grapo, Eta, y soldados asesinados por el terrorismo yihadista.

Por ello, Lucía Jiménez espera que el Gobierno de CC, PP, AHI y ASG se ponga en marcha en esta legislatura con la puesta en marcha de la ley canaria.

Entre sus propuestas, reclaman que la Comunidad Autónoma incremente en un 30% las cantidades concedidas por el Estado para las víctimas del terrorismo, viudas y huérfanos de aquellos que fueron asesinados o heridos por organizaciones como el Frente Polisario, Mpaiac, ETA, Grapo o los yihadistas en las Islas.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina

En la conferencia de este martes, Lucía Jiménez coincidió de nuevo con Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, antiguas compañeras y activistas en la lucha contra todo tipo de terrorismos desde hace décadas, explica Jiménez, y con Joaquín Vidal, presidente honorario de la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo de España y de la Asociación Andaluza, entre otros.