Anatomía de una enmienda que nadie detectó: reconstrucción de cómo llegó a aprobarse la reforma que beneficia a presos de ETA

"Se deroga la Disposición Adicional única". Seis palabras que pasaron inadvertidas a los 137 diputados del PP y a los 33 de Vox, según la versión oficial. Ninguno detectó, o por lo menos no alertó, que este cambio que habían aceptado introducir en una ley permitirá a varios presos de ETA rebajar sus condenas. Los populares han votado hasta en tres ocasiones a favor de la modificación que ahora les ha llevado a poner el grito en el cielo. Este lunes, la norma se aprobará sí o sí, por mucho que el PP se oponga. Esta es la historia de una reforma legal que nadie detectó:

Fue hace una década, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando las Cortes Generales aprobaron la norma exigida por Europa. Aquella tramitación parlamentaria guarda muchas similitudes con lo que ha pasado estos días. En 2014, el Ejecutivo del PP aprobó un proyecto de ley para incluir en el ordenamiento español una decisión marco de la UE que permitía que los presos condenados en otros países de la Unión Europea pudieran sumar las penas cumplidas en esos países al cómputo total en España.

Aquel texto fue aprobado por la mayoría absoluta del Congreso. El PP votó 'sí'. No obstante, al igual que pasó este lunes, las alarmas se encendieron en la sede de Génova cuando el texto llegó al Senado: aquella norma permitía a los presos etarras reducir sus condenas por el tiempo que habían permanecido encarcelados en Francia. Nadie se había dado cuenta hasta entonces. La solución fueron dos enmiendas del PP para excluir todas las condenas anteriores al 15 de agosto de 2010, fecha en la que la UE exigía que estuviera en vigor la ley.

Varios presos de ETA recurrieron esta norma. No obstante, en 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló la decisión de los jueces españoles de no aplicar la rebaja de las penas de prisión. Veinte días antes de esta sentencia, el PNV registró una proposición de ley en el Congreso para derogar la disposición adicional única de la ley que excluía las condenas anteriores a 2010. El PP sí frenó aquel intento de beneficiar a los presos etarras. "¿Qué les debe el PNV a los terroristas de ETA condenados en Francia?", le espetó el entonces diputado popular Leopoldo Barrera. 

Años más tarde, en 2021, Unidas Podemos hizo un segundo intento. La formación morada registró una proposición de ley para modificar los dos artículos que el Gobierno de Rajoy cambió para excluir a los presos etarras. La iniciativa no llegó a debatirse, pero todos los diputados de la Cámara tuvieron acceso a ella y pudieron ver las intenciones de los morados. La redacción de aquella iniciativa es la que ha utilizado ahora Sumar para modificar la norma. 

A mediados de marzo de este año, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para transponer una directiva europea que modifica la norma de 2014. El Gobierno mandó el texto al Congreso y desde el 4 de abril y hasta el 19 de junio, los partidos pudieron registrar enmiendas. Es aquí donde el coportavoz de Sumar, Enrique Santiago, recuperó las modificaciones planteadas en 2021 como enmiendas. Fuentes de su entorno aseguran que avisó al ala socialista del Gobierno. El 26 de junio se publicaron las 13 enmiendas registradas, tan solo 12 páginas.

Los diputados de la Comisión de Justicia tuvieron un mes entero, hasta el 31 de julio, para estudiar las enmiendas. El último día de julio, a puerta cerrada, se reunió la ponencia -una representación de todos los partidos- y se aprobó incluir las enmiendas de Sumar. El PP votó a favor. Fuentes parlamentarias del PP aseguran que leyeron la enmienda, pero que la aceptaron tras un debate jurídico sobre las implicaciones reales que tendría para los presos de ETA. No obstante, la versión ofical del partido es que fue un "error".

Los diputados de la Comisión de Justicia, donde el PP tiene 14 parlamentarios y Vox 3, tuvieron después hasta el 10 de septiembre para leer el texto resultante de la ponencia. Aun así, aquel día, populares y ultras volvieron a votar a favor de la norma, pese a que ya incluía las modificaciones que permitirán rebajar las penas a los presos de ETA. El 18 de septiembre darían su respaldo por tercera vez en el pleno del Congreso.

Con el visto bueno del Congreso, el texto fue remitido al Senado. PP y Vox, convencidos de que la norma era positiva, no presentaron enmiendas ni propuesta de veto. Sin embargo, el lunes pasado El Confidencial dio la voz de alarma sobre las implicaciones de este cambio. El margen de respuesta era ya prácticamente nulo. La Constitución dice que la única forma para que no se apruebe una ley y que esta sea devuelta al Congreso es la aprobación de una enmienda o la aprobación de un veto. Al no haber iniciativas de este tipo registradas, la ley irá directamente al Boletín Oficial del Estado aunque el Senado se pronuncie en contra.

El PP ha optado por retrasar la votación hasta este lunes, la fecha límite para que se pronuncie el Senado, en un intento de presionar al Gobierno a que retire la norma. No obstante, el Ejecutivo ha defendido este cambio legislativo y, en los próximos días, se publicará en el BOE tras una década desde que se abrió la polémica.