Alvise saca brillo a su 'escudo judicial', pero tiene límites: así puede perder su aforamiento

Alvise Pérez consiguió tres eurodiputados, y más de 800.000 votos, diciéndole a los más de 2 millones de seguidores que acumula en redes sociales que necesitaba el aforamiento para blindarse en las causas judiciales que estaban por venir. Cuatro meses después, y ya aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Fiscalía investiga si acusarle de financiación ilegal de su partido por aceptar 100.000 euros en 'negro' de un empresario de criptomonedas en los días previos a esas elecciones.

El 'escudo judicial' que le aporta su acta de eurodiputado le ha permitido, por ejemplo, que la Audiencia Nacional rechace incluirle en la causa que investiga a ese mismo empresario por una macroestafa piramidal, ya que la acusación no hizo una exposición razonada suficiente como para enviar el caso al Supremo. Lo mismo pasó esta semana cuando un juez de Barcelona intentó enviar al Alto Tribunal otra causa por difundir Alvise una PCR falsa de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad.

Sin embargo, este blindaje que ha conseguido el líder de Se Acabó La Fiesta, que es como se llama su partido político, tiene sus límites, y, además, existen precedentes y mecanismos por los que podría perderlo.

Bruselas tiene la llave

En 1989, José María Ruiz-Mateos, que ya estaba procesado por lo sucedido en Rumasa, su holding empresarial, encabezó una agrupación electoral que le llevó al parlamento europeo y le consiguió el aforamiento. Dos años después, sin embargo, Bruselas levantó su inmunidad. ¿Cómo? Por medio de un suplicatorio de las autoridades españolas y una votación favorable de la Cámara.

En el caso de Alvise, que acaba de recoger su acta de eurodiputado, todavía no se ha planteado esta posibilidad, pero en el escaso mes de actividad parlamentaria que lleva en Bruselas no ha pasado desapercibido. La semana pasada, la Eurocámara recibió una queja que deberá investigar para decidir si le apercibe por preguntarle a Irene Montero, exministra de Igualdad, si su política para luchar contra la violencia machista se basa en “matar” a mujeres o en “regularizar a africanos” para que “acaben con ellas”.

La inmunidad que consiguió en las elecciones del pasado junio le equiparan, a nivel judicial, con un miembro más del Congreso de los Diputados español, lo que supone que goza de inmunidad, que no impunidad, y de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Con ellas, no puede ser detenido salvo en caso de delito flagrante, ni tampoco inculpado o procesado sin autorización previa.

Esta libertad no incluye el insulto o las amenazas, y, dependiendo del caso, se juzgaría en un tribunal u otro. Así, por ejemplo, una jueza de Sevilla trasladó a principios de septiembre a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia que apuntaba a la posibilidad de que Alvise hubiese incurrido en un delito de "amenazas y represión a la función jurisdiccional" contra ella.

El aforamiento no lo cubre todo

Su aforamiento ante el Tribunal Supremo, sin embargo, tiene límites, ya que los procesos civiles no están incluidos: por esto mismo, Alvise puede ser juzgado ahora mismo por la Audiencia de Sevilla, donde una jueza le investiga por un posible delito de revelación de secretos al publicar en sus redes sociales una fotografía de una de las hijas menores de edad de Pedro Sánchez.

Lo mismo sucede, por ejemplo, en la condena en su contra que tiene recurrida en los tribunales de Madrid por publicar un bulo acerca de que Manuela Carmena recibió un respirador en su domicilio durante la pandemia del coronavirus. O por el que le condenaron a pagar 60.000 euros, también en la Audiencia de Madrid, por publicar fotografías de José Luis Ábalos en su terraza en las que cuestionaba su salud mental.