Tribunales

Anticorrupción, sobre Ábalos: "Todas las actuaciones de Koldo estaban avaladas por el ministro"

La Fiscalía sostiene que de la investigación desarrollada por la UCO "no se evidencia un papel determinante" del exministro en el rescate de Air Europa

Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EPE / GC

La Fiscalía Anticorrupción considera que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue el máximo responsable de los contratos para comprar mascarillas a la trama Koldo, y por eso pide en un escrito dirigido al Tribunal Supremo que se impute al ahora diputado del Grupo Mixto.

Sin embargo, al contrario de las conclusiones plasmadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que asegura que el comisionista Víctor de Aldama "se valió de su relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García Izaguirre" para "influir en la concesión final del rescate de Air Europa" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez; el Ministerio Público sostiene que "de lo expuesto" por los agentes en su oficio "no se evidencia un papel determinante" del exministro en el rescate de Air Europa.

Pero en el caso del pelotazo de las mascarillas, el fiscal del caso evidencia que "todas las actuaciones realizadas por Koldo García Izaguirre en el Ministerio para la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión se desarrollara con éxito, estaba avalada por el ministro, José Luis Ábalos". Para el Ministerio Público "resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García --exasesor del exministro-- y Víctor de Aldama sin la participación" de Ábalos.

Extracto del sumario del 'caso Koldo' sobre Víctor de Aldama. / EPE

Asimismo, Anticorrupción destaca que la Guardia Civil ha localizado una comunicación enviada por Koldo a Aldama en la que transmite órdenes del exministro: "Lo que sea me dice Jose”, “pero que estén las mascarillas”.

"Una figura gris"

En cuanto a la conexión de Aldama con el denominado por la UCO de la Guardia Civil como "binomio Ábalos-Koldo", el MInisterio Fiscal desvela que el ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez Manzanares reconoció en su declaración que envió documentación al comisionista "por indicación de Koldo que le decía 'nos está ayudando mucho”, y que consideraba a Aldama 'más parte del Ministerio que de la empresa', al mismo tiempo que estaba junto a Koldo en las llamadas telefónicas: era una figura gris que no soy capaz de dilucidar, negociaba aviones como habilitado por el ministro”, declaró.

Y sobre la presencia de Aldama en el Ministerio, prosigue Anticorrupción, "hay numerosos testimonios". Uno de ellos fue el de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera Posada, quien declaró que se encontró "con él en numerosas ocasionas, cuando iba a su despacho semanal con el ministro". Además, en el el informe de auditoría del Ministerio de Transportes se recoge, contínúa el fiscal, que el Oficial Mayor del Ministerio relató que las visitas de Víctor de Aldama eran "a nivel ministro"; al mismo tiempo que "Ana Balbás Giménez dijo que era frecuente ver el coche de Víctor de Aldama entrar por la zona reservada a los altos cargos y dejarlo allí aparcado".

Servicios retribuidos

El escrito, además, pone de manifiesto que el informe de la UCO especifica que "los servicios prestados por Ábalos a Víctor de Aldama fueron retribuidos por éste". Y alude en concreto a la compra del chalé de La Alcaidesa, que disfrutó Ábalos y que costó a la red corrupta más de 500.000 euros.

En el ordenador portátil de Víctor de Aldama los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron un documento con el nombre “Mascarillas”, en el que el comisionista de la trama apuntaba que sus ingresos iban a ser de 60 millones de euros.

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"Analizadas las cuentas bancarias y la información que consta en la causa, dicha cuantía se basaría en el siguiente desglose: Puertos del Estado, 20 millones de euros; ADIF: 12,5 millones; Ministerio del Interior: 3.479.355 euros; Islas Baleares: 3.701.500 euros; Canarias: 12.288.333 euros; y Correos y Telégrafos: 7.500.000 euros, si bien este último no llegó a ser adjudicado", explica la Fiscalía, que destaca que la suma final fue de 59.469.188 euros, de los que finalmente habría que restar los fondos procedentes de Correos tras frustrarse esta operación.

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