El fiscal general, apoyado por la cúpula mientras el órgano que representa la carrera pide mayoritariamente su dimisión

El fiscal general del Estado ha defendido este jueves su continuidad en el cargo en dos incómodas reuniones en las que un sector de la carrera le ha "aconsejado" reflexionar sobre una posible salida tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. A las 9.30 horas se reunió a la Junta de Fiscales de Sala, donde de la treintena de altos funcionaros que integran la cúpula de la carrera una tercera parte intervinieron en favor de la salida de García Ortiz, mientras que la mayoría le ofreció su respaldo. Unas horas más tardes se reunió el Consejo Fiscal, un órgano consultivo parte de cuyos miembros son elegidos por los propios fiscales, y que se manifestó mayoritariamente a favor de la dimisión.

Hay que tener en cuenta que en la Junta una mayoría de sus miembros pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, de las que García Ortiz llegó a ser portavoz, y varios de ellos han defendido su permanencia en el cargo y las decisiones adoptadas en torno a la difusión de una nota de prensa con la que se trataba de frenar informaciones falsas en torno al pacto con el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, buscaba evitar un juicio por fraude fiscal. En la reunión hablaron una veintena de fiscales y no se sometió a votación el futuro del fiscal general, que convocó a este órgano asesor simplemente para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

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En ambas reuniones intervino el propio García Ortiz, defendiendo durante quince minutos que él no debe, en todo caso, demostrar su inocencia, sino que es el alto tribunal el que debe probar su culpabilidad, una postura en la que estuvo respaldada de forma mayoritaria por varios miembros de la Junta de Fiscales. Entre ellos, dos pesos pesados en la carrera, como es el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde y el máximo responsable de la fiscalía en el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo. En esta posición también se expresó la exfiscal general María José Segarra, actualmente frente a la Fiscalía de Discapacidad y Mayores.

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Los fiscales del procés, por la dimisión

Por contra, otras intervenciones en la reunión del generalato de la Fiscalía fueron más duras para García Ortiz, quien tras conocer la decisión del Supremo respondió mediante un comunicado público que seguirá en el cargo por estar convencido de que "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía". Este sector más crítico con el fiscal general estuvieron los cuatro fiscales del procés -- Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal--, además del ex magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez y Elvira Tejada (fiscal de sala de Delitos Informáticos), José Javier Huete (Menores) y José Miguel de la Rosa.

En la reunión del Consejo celebrada a partir de las 16 horas el resultado fue diferente. La mayoría pidió al fiscal general que "reconsidere" su decisión inicial y abandone el cargo al creer que es lo mejor para el Ministerio Público.

Tanto los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales como el que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales pidieron a García Ortiz que dimita. Sin embargo, García Ortiz recibió el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas --la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite--.

Los vocales de la UPF han emitido posteriormente un comunicado donde expresan que "razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial" del Supremo sustentan su apoyo al fiscal general. A su juicio, "la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda". En este sentido, indican que si "la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo".

"Había un fiscal de los que llamamos "de trinchera" en el punto de mira, y tanto la Fiscal Jefe de Madrid como el FGE lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación. Qué fácil habría sido abandonarlo a su suerte. Nuestra admiración a ambos por su iniciativa", destacan, en alusión a Julián Salto, el fiscal del caso de fraude fiscal reconocido por Alberto González Amador que ha resultado finalmente exonerado, y a su jefa provincial Pilar Rodríguez.

La asociación mayoritaria también ha emitido su propio comunicado, en el que aseguran que "la decisión del fiscal general de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la Carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación".

Los vocales de la Asociación de Fiscales agregan que les resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. No puede, por tanto, haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la Institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado.