El PP amenaza con un conflicto institucional si el Congreso no da marcha atrás con la ley que beneficia a presos de ETA

El PP vuelve a poner sobre la mesa la carta del conflicto institucional con el Congreso. Cinco meses después de que iniciaran los trámites para elevar un choque entre ámbas Cámaras por la amnistía -finalmente dio marcha atrás-, los populares han amenazado con plantear un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si la Mesa de la Cámara Baja no da marcha atrás con la ley que beneficia a los presos de ETA y reconoce el veto que impuso el Senado a dicha norma, lo que obligaría a que el Congreso celebre una nueva votación.

"Nos parece inadmisible el acuerdo de la Mesa del Congreso que ha despachado este asunto sin ningún informe jurídico que lo avale y ha usurpando la capacidad de interpretar el reglamento del Senado que no lo compete", ha denunciado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García. La dirigente popular hacía referencia a la decisión de la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, de dar por aprobada la ley y no reconocer el veto del Senado por no cumplir los requisitos impuestos por la Constitución y el propio reglamento del Senado.

García ha anunciado que el PP ha presentado un escrito ante la Mesa del Senado para que este órgano requiera al Congreso que se convoque un pleno y se someta a votación del veto que impuso a la norma la mayoría de senadores de PP, Vox y UPN. "En el caso de que el Congreso no atienda esta solicitud satisfactoriamente plantearemos la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional", ha sentenciado.

Los argumentos

La Mesa del Congreso rechazó el veto impuesto por el Senado y mandó la ley directamente al Boletín Oficial del Estado al considerar que no se registró ninguna propuesta de veto "por escrito", como exige en reglamento del Senado (Art. 107.2), que la norma se debatió este lunes, un día después de que terminara el plazo de "veinte días naturales" que marca la Constitución (Art. 90.3) y que el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), no avisó a los senadores de que se estaba votando un veto, sino que fue al observar el resultado de la votación cuando lo dijo.

La semana pasada, cuando saltó la alarma sobre las implicaciones de la norma que habían pasado desapercibidas para PP y Vox durante toda la tramitación parlamentaria, los propios populares admitieron que su margen de actuación era muy reducido ya que no habían registrado ninguna propuesta de veto en plazo al considerar que la ley era correcta. Sin embargo, esgrimiento un informe de los letrados, Rollán hizo una interpretación alternativa del reglamento y dio por vetada la norma.

El procedimiento

A primera hora de la mañana, los populares han registrado el escrito en el Senado que deberá ser debatido por el pleno de esta Cámara, donde tienen mayoría absoluta, y en el que se insta al Congreso a reconocer el veto a la ley que beneficia a los presos etarras. El documento, en el que justifican la legalidad de la actuación de Rollán y llegan a decir que el reglamento del Seando incurre en un "exceso" sobre lo que plantea la Constitución al exigir que las propuestas de veto se deban registrar por escrito, será enviado al Congreso.

La Mesa de la Cámara Baja tendrá un plazo de un mes para responder o no. Previsiblemente ratificará su decisión de enviar la ley al BOE. Así, con respuesta o no, al finalizar el mes, la Mesa del Senado podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Durante la tramitación de la amnistía, el PP ya inició este mismo procedimiento, pero finalmente dieron marcha atrás en el momento en el que debían decidir si elevarlo al TC escudándose en un fallo procedimental.