Un cargo de Transportes confirma al juez del 'caso Koldo' que no hubo actas de recepción de todas las mascarillas

El que fuera en 2020 jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, ha señalado este lunes en su testifical ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, que no existieron actas de entrega y recepción de todas las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión.

Ha confirmado así lo señalado en la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes a cuyo frente se encuentra ahora el ministro Óscar Puente, así como lo reconocido ante el propio juez hace unos días por las propias inspectoras de Transportes que elaboraron el documento.

En la auditoría se decía que, en relación con la ejecución de los contratos adjudicados a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, de los 4 millones de mascarillas cuyos destinatarios finales eran las entidades públicas adscritas al ministerio solo existe constancia documental de la entrega de 1,1 millones, por valor de 2,8 millones de euros. Del resto, no hay constancia de que llegaran a sus destinatarios finales, mientras que la documentación analizada tampoco constan actas de entrega de los otros 4 millones de tapabocas, que iban a ser distribuidos por la empresa Raminatrans al sector del transporte terrestre y personal del propio Ministerio.

Así lo reconoció Meana ante las inspectoras de la auditoría y este lunes frente al juez, tras ser preguntado por este asunto por las acusaciones populares. Ha reconocido expresamente que no había actas de entrega de Puertos del Estado --ente público al que se le encargó la primera compra de mascarillas a la presunta trama-- a Correos, ni a las Comunidades Autónomas, ni a las empresas ferroviarias. También explicó que tampoco existieron actas de entrega individualizadas a los transportistas por parte de Correos.

Este lunes también ha declarado el presidente de Raminatrans, Rafael Milla, sobre el papel que jugó su empresa en la distribución de las mascarillas adquiridas. Cabe recordar que esa empresa fue la elegida después de que así lo recomendara el entonces presidente de Puertos Francisco Toledo.

En su testifical, y a preguntas de la asociación Liberum --quien interesó su declaración-- ha explicado que él no estuvo encima de ese asunto debido a que, por su edad, desde 2020 se mantenía algo apartado de las actividades de la empresa y delegó en dos de sus empleados. Además, ha recordado en sede judicial que cuando fue citado se dirigió al juzgado para ofrecer toda la documentación relativa a actas y para poner sobre la mesa los nombres de las dos personas encargadas, si bien no habría llegado a presentarlo de momento.

Albaranes de Correos

Por su parte, el ex secretario general y del Consejo de Correos Julio González ha explicado que si bien habían acordado con Soluciones de Gestión la compra de una cantidad importante de mascarillas por valor de 7,2 millones de euros, finalmente la compra decayó porque ya tenían suficientes y no habría estado justificada esa compra. Sobre la ausencia de actas en el movimiento de mascarillas del que se habría encargado Correos, González, según estas fuentes, habría sostenido ante el juez que sí existen albaranes.

Además, ha mencionado un certificado que expidieron en el que se desglosaba que Correos recogió 3,3 millones, que distribuyó 2,3 y que el millón que sobró fue ofrecido al Ministerio de Sanidad, departamento que rechazó ese lote porque ya no le hacían falta.

En este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. El juez investiga a Koldo García -el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos-- y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.