Tribunales

La jueza amplía la investigación a la pareja de Ayuso a petición del PSOE y Más Madrid

Abre una pieza separada para indagar sobre la posible utilización de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón

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La jueza Inmaculada Iglesias ha estimado el recurso presentado por PSOE y Más Madrid contra su decisión inicial de rechazar determinadas diligencias que supondrían ampliar la investigación por fraude fiscal que ya se instruye contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se abre pieza separada para indagar sobre utilización de una sociedad interpuesta (Masterman& Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering SL) para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona, propiedad del empresario.

Las acusaciones populares recurrieron en reforma el rechazo inicial para la práctica de nuevas diligencias y la jueza ha estimado parcialmente su recurso. Las peticiones de la acusación popular se solicitaron en virtud de un informe de inspección de la Agencia Tributaria y que defiende que los hechos objeto del proceso penal podrían no limitarse a un fraude fiscal y una falsificación documental. Reclamaron que se investigue la compraventa de participaciones de empresas vinculadas al empresario con Quirón Prevención.

El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 19, al que ha tenido acceso este diario, se extiende a lo largo de 90 páginas en las que se argumenta la estimación parcial de las peticiones de las acusaciones que dan lugar a la apertura de una pieza separada. En concreto, se investigará si la posible utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por la empresa de González Amador Maxwell Cremona.

La Abogacía, a favor

Recuerda la jueza Iglesias que el Abogado del Estado informó a favor de estas diligencias, al entender que la facturación de Masterman&Whitaker SL a Quirón Prevención podría atender a "una interposición subjetiva simulada", Es decir, el Abogado del Estado, cuya actuación está circunscrita al delito fiscal, entiende que pueden existir otros delitos en los motivos últimos de dicha operación simulada, destaca la magistrada en su auto.

La acusación popular argumentaba que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio puede haber una administración desleal o incluso un delito de corrupción en los negocios, atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman, en ese momento propiedad de la mujer del Presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Sospechan que podría tratarse de una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención.

Igualmente, PSOE Y Más Madid apuntaban a una posible compensación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores -- de la que Fernando Camino es consejero desde 2019-- adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones ,Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020.

Informe de Hacienda

De las investigaciones llevadas a cabo por la agencia tributaria se desprende, según recoge la jueza Iglesias en su auto, que el 4 de diciembre de 2020 Maxwell Cremona adquirió la totalidad de las participaciones, si bien con fecha el 15 de diciembre de 2021 se firma un acuerdo entre Maxwell, Masterman y Quirón prevención SLU por el que se acuerda la cesión de un contrato anterior denominado "Contrato Marco de Servicios a Gran Cuenta", por el que se cedía a la supuesta instumental la facturación de trabajos de expansión del negocio a Latinoamérica y para la implantación de la Joint Commiission Internacional en la Fundación Jiménez Díaz.

En la misma fecha, 15 de diciembre de 2021, Maxwell emitió una factura con destino a Masterman en concepto de “consultoría de sistemas a clientes” por importe de 726.000 euros, consiguiendo trasladar parte de los ingresos procedentes de Quirón prevención. Solo un día después, el 16 de diciembre de 2021, Maxwell transmite la totalidad de las participaciones de Masterman a Alberto González Amador por importe de 3.300 euros. Sobre toda esta operativa, la jueza dice que "se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwellprocedentee de Quirón Prevención al empresario, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman. En decir, se logró que los fondos procedentes de Quirón acabasen en manos de la pareja de Ayuso.

"Oportunidad por la pandemia"

La jueza alude a que el informe de la inspección apunta a que la crisis sanitaria surgida a partir de 2020 a raíz de la pandemia por Covid- 19 supuso una oportunidad de negocio para Maxwell Cremona que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el impuesto de sociedades, consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas.

También el Servicio Jurídico Regional de la delegación de Madrid de la AEAT apuntaba a que además de la deducción de los gastos ficticios documentados en facturas falsas o falseadas, se había detectado la utilización de Masterman para ubicar "de forma ilícita y fraudulenta" parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona.

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Por otra parte, el auto rechaza por el momento las diligencias solicitadas para acreditar la participación de otras personas en los hechos que han sido objeto de investigación por la Agencia Tributaria porque se consideran "innecesarias". El recurso de Más Madrid y PSOE pedía que se exigiera documentación a Quirón Prevención sobre sus contratos con Maxwell Cremona y comunicaciones directas con González Amador, pero la jueza dice en el auto que no reclamará "investigar conductas de los investigados o de terceros que podrían constituir cooperación necesaria", e incurrir en delito agravado contra la hacienda pública, administración desleal y corrupción en los negocios. Iglesias apunta que entraría en una investigación prospectiva prohibida, pero deja una puerta abierta a seguir indagando sobre otros delitos si lo ve necesario “posteriormente al analizar la utilización de la sociedad interpuesta Masterman SL.”.

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