Laura Borràs pide al Supremo que aplique la amnistía a su condena por corrupción

La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha decidido apostar el todo por el todo y ha solicitado al Tribunal Supremo que le aplique la amnistía cuando resuelva el recurso de casación que interpuso contra su condena de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental a los que fue condenada por su actuación al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Desde Junts se ha señalado que la solicitud, presentada por su abogado, Gonzalo Boye, obedece a "una estrategia global de defensa, en la que puede ser importante, de cara a Europa", enmarcar su condena en una supuesta persecución al independentismo, pese a que obedece a prácticas sin relación alguna con el 1-O, puesto que se basa en la fragmentación de contratos de la ILC que presidía para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando presidía la institución.

En su sentencia, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la condenaron pidieron al Gobierno que le conceda un indulto parcial que reduzca la pena que ellos mismos le impusieron en dos años de prisión para que pueda evitar la cárcel. Esa pena es la que se impuso al beneficiario de la fragmentación de contratos, el propio Herrero, que admitió los hechos y llegó a un acuerdo con la fiscalía.

El escrito presentado en la Sala Segunda al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO señala que Laura Borrás "desempeñó su función como directora de la ILC con el fin de promover las letras catalanas, en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista", y recuerda que en las elecciones al Parlament de 2017 fue elegida diputada y en mayo de 2018, nombrada 'consellera' de Cultura.

"Estos hitos en su actividad política -afirma el escrito- son los que, en paralelo, se van produciendo en un proceso penal que se intensificó a medida que fue asumiendo visibilidad y trascendencia política, con un perfil intensamente independentista, dentro de un partido político cuyo líder se encontraba, entonces, y se encuentra ahora" en el extranjero, para no afrontar su responsabilidad penal por el 'procés'.

Argumenta que "la ley de amnistía, en su artículo 1, establece la extinción de la responsabilidad penal, administrativa y contable para los actos vinculados al proceso soberanista en Catalunya, siempre y cuando dichos actos no se encuentren específicamente excluidos del ámbito objetivo de la ley lo que no ocurre en el presente caso".

La sentencia que la condenó no declaró que ella resultara beneficiada de la adjudicación de los contratos a su amigo, lo que da pie a la defensa a sostener que no hubo enriquecimiento personal, aunque parece difícil que el Supremo acepte esta tesis en su caso, dado que no le ha aplicado la medida de gracia ni a los condenados ni a los procesados en rebeldía por malversación del 'procés'

Así tras defender la propia aplicación de la amnistía con referencias incluso a "países como Sudáfrica, Argentina y Chile", en las que estas medidas de gracias "han sido empleadas con éxito para facilitar transiciones políticas y sociales, promoviendo la reconciliación y la paz social tras períodos de conflicto", la expresidenta del Parlament reclama quedar exonerada de la condena impuesta.