El acusado del doble fratricidio de Los Santos de Maimona culpa a "cuatro o cinco hombres con máscaras" del asesinato de sus hermanos

"Yo no les he hecho nada malo". Rafael O. S., acusado de acabar con la vida de sus dos hermanos, Antonio y Francisco, el 2 de mayo de 2021 en la vivienda que compartían en la localidad pacense de Los Santos de Maimona ha negado este lunes ante el jurado popular que lo juzga en la Audiencia Provincial de Badajoz haberlos matado y ha culpado de su asesinato a "cuatro o cinco hombres con máscaras negras" que entraron en su casa y huyeron en un vehículo que tenían aparcado en la calle.

En su declaración, el procesado ha relatado que ese día había salido al corralón de su casa a dar de comer a sus dos perros y, cuando volvió a entrar, se topó con un grupo de hombres que ocultaban sus rostros con mascarillas de color negro. "Se quedaron mirándome y salieron zumbando a una furgoneta grande", ha contado. "Menos mal que no estaba ahí, si estoy, me hacen lo mismo también", ha llegado a decir.

Según su testimonio, entonces comenzó a buscar a sus hermanos por la calle, por los bares y en su propia casa. "Me harté de buscarlos y no pude hacer nada". Los cadáveres de Antonio, de 68 ños, y Francisco, al que todos conocían como Quiquín, de 64 años, fueron encontrados por la Guardia Civil, cinco días después, en una habitación de la vivienda, repleta de enseres y basura y cuya puerta estaba tapada casi por completo con una cocina, un horno de gas y un cartón en la parte superior. "Fue la única habitación a la que no entré, no me dio por entrar, yo pensaba que no estaban ahí", ha explicado el acusado a preguntas de la fiscal, a la que también ha dicho que esos muebles estaban en el pasillo porque estaban reformando la casa y que los cartones los habían colocado para evitar que saltara el aceite de la sartén, no para ocultar la entrada de esa estancia.

"Yo no fui el que los mató", ha insistido Rafael O. S., quien ha mantenido que no tenía mala relación con sus hermanos. "Nos llevábamos muy bien los tres", ha asegurado.

Sin embargo, el ministerio público sostiene que es el autor del doble fratricidio y pide para él 48 años de prisión por dos delitos de asesinato con alevosía y enseñamiento, en los que concurre la agravante de parentesco. La fiscalía sostiene que el 2 de mayo, en una hora por determinar, pero al mediodía, tras una discusión en la casa de la calle San Cristóbal en la que convivían, el acusado, que en esos momentos tenía 60 años, "sorprendió a sus hermanos, que no podían defenderse" y los ató de pies y manos, tras lo que comenzó a golpearlos "con violencia" con un "objeto duro de carácter contuso" en la cabeza y la cara. Francisco murió a causa de los golpes, pero, según la fiscal, al no conseguir acabar con la vida de Antonio de la misma forma, "le colocó papel dentro de la boca, una bolsa de plástico en la cabeza, que enrolló con una camisa, provocándole la muerte por asfixia".

Tras esto, Rafael O. S. introdujo los cuerpos en una habitación de la casa, que llenó de enseres y basura para "ocultar los cadáveres" y obstruyó su puerta con mobiliario y cartones. "Los cuerpos estuvieron descomponiéndose hasta el 7 de mayo, cuando fueron encontrados parecía una escena de una película de terror", ha descrito la fiscal.

"Les dio una muerte inhumana y cruel", ha defendido la fiscal, quien ha sostenido que el procesado padece una ligera discapacidad intelectual, pero "que sabía perfectamente lo que hacía cuando mató a sus hermanos". En este sentido, se ha referido a que el acusado fue considerado semiimputable en el procedimiento judicial por amenazar a los agentes de la Guardia Civil que acudieron a su casa tras la desaparición de sus hermanos porque se determinó que no tenía sus facultades mentales plenas. "Puede ser que para unos hechos sí las tuviera y para otros, no", ha apuntado.

El ministerio solicita para los dos hijos de Francisco (Antonio no tenía descendencia) una indemnización de 26.000 euros para cada uno por los daños y perjuicios personales y morales sufridos. Además, pide que se le impongan 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión y la prohibición de residir en Los Santos de Maimona por un tiempo superior a 10 años a la pena de prisión a la que se le condene en sentencia.

Por su parte, la defensa de Rafael O. S., que ejerce el abogado Gumersindo González, ha negado que los hechos sucedieran tal y como describe el ministerio público ni que cometiera los asesinatos como narra en su escrito provisional, aunque sin hacer ningún tipo de referencia a la versión de los hombres con máscaras que ha ofrecido su representado. El letrado ha señalado que en esa fecha su cliente ya había estado ingresado en varias ocasiones en la unidad de Psiquiatría del Hospital de Llerena, donde se le diagnosticó una discapacidad intelectual moderada y una alteración conductual.

La defensa ha recordado que, tras su detención poamenazarar a los agentes en la puerta de su casa, fue condenado en un juicio rápido a dos meses de multa y que se le aplicó la eximente incompleta de anomalía psíquica. "Porque Rafael no era plenamente capaz de cometer los delitos", ha añadido González, que ha negado también que hubiera alevosía. El abogado ha solicitado la libre absolución para su representado.

En la primera sesión del juicio, han declarado la directora de la residencia a la que acudía Quiquín a comer todos los días. El centro fue el que alertó a la Policía Local de que podría haberle pasado algo, pues iba a diario a comer y se llevaba la cena y en las contadas ocasiones en las que no lo hacía, siempre avisaba. El domingo 2 de mayo fue el último día que acudió. La directora ha contado que Quiquín era un hombre de pocas palabras", pero que le mostró su preocupación porque su hermano Rafael estaba ingresado en Psiquiatría en el Hospital de Llerena e incluso le pidió que llamara ella para preguntar por él. También ha relatado que en alguna ocasión le comentó "que la relación en su casa era difícil". "Tenía una cara muy expresiva y se veía que ese hombre sufría mucho", ha afirmado sobre Francisco.

Por la sala también han pasado este lunes varios vecinos de los hermanos, que han coincidido al señalar que tenían frecuentes discusiones entre ellos, ya que escuchaban los gritos. También han corroborado que en el momento de los hechos, Rafael era una persona "sana" y "fuerte", mientras que Quiquín y Antonio tenían más achaques, especialmente este último, que padecía problemas de huesos que se habían agravado en los últimos tiempos.

Todos han afirmado que no eran personas "sociables" y que la actitud del acusado con el vecindario había empeorado en los últimos meses. "Hacía cosas que no eran normales", ha dicho uno de los vecinos.

Durante la declaración de uno de los vecinos, el procesado se ha dirigido a él a gritos para decirle que estaban mintiendo y el presidente-magistrado, José Antonio Patrocinio, le ha tenido que llamar la atención y pedirle que mantuviera silencio.

"Nos tenía amenazados de muerte"

"Nos tenía amenazados de muerte", ha asegurado otra de las vecinas que ha declarado, quien ha contado que el mismo 2 de mayo ella misma estuvo hablando con Quiquín y este le trasladó el temor que sentía hacia su hermano menor. "Me dijo que tenía mucho miedo de Rafael y que cualquier día le iba a hacer algo a los dos (en referencia a él y a Antonio)". Esta testigo no ha querido mirar a la cara al procesado: "Prefiero no verlo, porque estuve muy mal y tuve hasta pesadillas", ha dicho.

Este mismo día, según otro vecino de una casa contigua a la de los hermanos, escuchó una fuerte discusión entre los hermanos. "Fue más fuerte y duradera de lo habitual", ha explicado. Días después oyó el ruido de muebles que se arrastraban, pero no más voces. "No me percaté de eso hasta que la policía llegó a mi puerta preguntando y ya me extrañó", ha relatado.

El acusado fue detenido el 7 de mayo por presuntamente haber matado a sus hermanos y desde entonces ha permanecido en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Este lunes por la mañana ha llegado a la Audiencia de Badajoz en ambulancia desde el centro penitenciario y ha tenido que ser trasladado en silla de ruedas hasta la primera planta. En la sala, donde ha ocupado una silla junto a su abogado, se ha ayudado de un andador para moverse.

Este juicio ya se tuvo que suspender el pasado mes de enero por problemas de salud de Rafael O. S., que en esos momentos estaba ingresado en un hospital salmantino por problemas renales.

La vista, en la que 5 mujeres y 4 hombres conforman el jurado popular que tendrá que dirimir si es o no culpable, continuará este martes con la declaración de los policías locales, los agentes de la Guardia Civil y los forenses.