DECRETO DEL GOBIERNO

RTVE tendrá el Consejo de Administración más caro de su historia: casi dos millones de euros al año sin contar los extras

El Gobierno aumenta al máximo legal el número de consejeros y les brinda un sueldo de más de 100.000 euros

Óscar López y Pilar Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros. / José Luis Roca

El Gobierno diseña el Consejo de Administración de RTVE más caro de la historia pese a haber reducido al mínimo sus competencias. La ampliación del número de consejeros, que aumenta un 50% y pasa de 10 a 15, y la dotación de un importante sueldo -los consejeros salientes solo cobraban dietas- eleva al máximo el coste salarial de este órgano, sufragado con fondos públicos, hasta aproximarse a los dos millones de euros anuales, sin tener en cuenta complementos salariales.

El real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros con carácter de urgencia y ratificado con toda celeridad en el Congreso fija el número de miembros del Consejo de Administración en 15, el máximo que permite la ley, y les brinda una remuneración base fijada en 105.000 euros anuales, también el máximo legal fijado por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, sobre el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial.

Este sueldo no incluye las dietas por asistencia a cada una de las reuniones, actualmente situadas en unos 1.000 euros brutos. Unas dietas que percibirán como mínimo una vez al mes, ya que el Consejo de Administración está obligado a celebrar reuniones de carácter mensual, pudiendo reunirse en más ocasiones con carácter extraordinario. Teniendo en cuenta sólo el sueldo base y la asistencia a reuniones ordinarias, los sueldos de los consejeros se situarán en el entorno de los 117.000 euros anuales, lo que supone un desembolso de 1,75 millones de euros anuales salidos de los fondos públicos. 

En este apartado tampoco se incluyen los complementos que podrán disfrutar en cada caso, dependiendo de las funciones que desempeñen o los cargos adicionales para los que puedan ser designados. Estas funciones, con sus retribuciones correspondientes, estarán fijadas por el futuro presidente de la corporación, que tendrá plenos poderes para hacer nombramientos, aprobar organigramas o rediseñar las competencias. Y es que otro de los principales aspectos del decreto de RTVE es que limita al mínimo las competencias del Consejo de Administración a la aprobación de contratos públicos respectivos a obras y servicios o suministros, regidas por la ley de contratación pública.

El Presidente podrá firmar sin necesidad del Consejo contratos audiovisuales de todo tipo, sin límite económico y disponiendo discrecionalmente de 300 millones de euros anuales, que podrán ir a productoras externas o fichajes. Con este cambio, se evitarán polémicas como la del fichaje multimillonario de David Broncano, una petición directa de Moncloa que se aprobó después de varios intentos y tras un cruce de dimisiones por las resistencias de un sector del Consejo.

El nuevo diseño de RTVE aumenta de seis a once el número de consejeros aprobados por el Congreso y limita el papel del PP, que sólo tendrá cuatro designados por el Senado, donde tiene mayoría absoluta. El objetivo del Gobierno es dar entrada en la corporación a sus socios parlamentarios a cambio de asegurarse los votos para convalidar el texto, que fue ratificado el miércoles en el Congreso por la mínima y con la ausencia de la mitad de la cámara, donde el Ejecutivo impuso una votación pese a la tragedia que ya asolaba la Comunidad Valenciana por la dana.

La celeridad del Gobierno se explica en que quería asegurarse que sus socios parlamentarios cumplían su parte del acuerdo y daban apoyo a su medida antes de ratificar la lista de consejeros -que se registró uno hora después de aprobarse la medida- donde les daba entrada en RTVE.

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La elección de los consejeros en esta ocasión deja atrás el concurso de méritos que se impulsó en 2018 para garantizar la formación de la cúpula de RTVE. A diferencia de aquello, esta vez las formaciones han nombrado consejeros a perfiles con un carácter marcadamente político y con vinculaciones partidistas previas: de los once consejeros propuestos, nueve ha tenido cargos orgánicos o públicos o han integrado listas electorales.

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