Las primeras querellas contra Sánchez y Mazón por la gestión de la DANA empiezan a llegar a los juzgados

En medio de la devastación generada por la DANA y con la visualización de la crispación política que se está viviendo en toda España con el lanzamiento de barro al Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, solo era cuestión de tiempo que las primeras querellas contra los dos últimos llegaran a los juzgados correspondientes. Iustitia Europa, una de las acusaciones populares personadas en la causa contra Begoña Gómez y en el caso Koldo, ya ha interpuesto una contra el líder del Ejecutivo central ante el Tribunal Supremo y otra contra el del valenciano, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

No es la primera querella interpuesta contra Sánchez por Iustitia en un momento en el que la práctica habitual del Tribunal Supremo es rechazar todas las dirigidas contra políticos, al no apreciar siquiera indicios de delito, y evitar así convertirse en un escenario más de la confrontación política. En este caso, la formación liderada por el abogado Luis María Pardo se dirige contra Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su supuesta "omisión de sus responsabilidades en la gestión de la gota fría -Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)- que devastó la Comunidad Valenciana el pasado 30 de octubre de 2024".

A la querella, presentada este domingo ante el Tribunal Supremo contra ambos por los delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones, se ha sumado este lunes otra por los mismos delitos contra el presidente valenciano en el TSJCV, según informa el propio colectivo.

El escrito acusa a Mazón de haber cometido un "abandono absoluto en la gestión de la emergencia provocada por la DANA, que dejó más de 200 víctimas mortales, miles de desaparecidos y devastó una quincena de localidades en la región", así como haber ignorado "la gravedad" de la situación atmosférica y "las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), un protocolo diseñado específicamente para actuar en catástrofes de esta magnitud".

Añade que "pese a que las alertas de la AEMET advertían de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el Presidente autonómico no solicitó la intervención de la UME hasta cuando ya existían las inundaciones". También considera que ha omitido la ley de protección civil y no ha solicitado el estado de alarma, así como que subestimó los riesgos en sus comparecencias públicas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Pardo argumenta que "el deber del presidente Mazón era actuar y coordinar los recursos, no dejar que los ciudadanos enfrentaran solos una tragedia evitable."

La querella contra Sánchez y Marlaska, por su parte, les imputa haber "omitido de manera flagrante sus funciones constitucionales, establecidas claramente en la Constitución, la Ley de Protección Civil y la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio". Agrega que "a pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la AEMET con varios días de antelación, que exigían una respuesta inmediata y coordinada, el Gobierno no declaró la situación como emergencia nacional".

En su opinión, "el Estado falló y desapareció en el momento de mayor necesidad, dejando a los ciudadanos en el caos y completamente desprotegidos ante una catástrofe que cobró cientos de vidas", lo que es constitutivo de responsabilidad penal.