La "insuficente" documentación aportada sobre el hermano de Sánchez justificó la entrada en la Diputación de Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha reforzado en un tercer auto las razones de la jueza Beatriz Biedma para ordenar la entrada en la Diputación y la incautación de correos del presidente Miguel Ángel Gallardo y otros miembros de esta institución en el marco de la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por presuntos delitos relacionados con el puesto de alto cargo que ocupa. Incluso hubo que repetir posteriormente el volcado de datos de la cuenta corporativa del propio Sánchez, ya que por "problemas informáticos" no se pudo obtener información tras su primera descarga.

En una resolución que tiene fecha de este lunes, la Audiencia afirma que no observa vulneraciones de derechos fundamentales y que fue la "insuficiente la documentación aportada" inicialmente por la Diputación de Badajoz lo que sirvió de motivación a la jueza de Instrucción número 3 de la capital pacense para acordar la medida, "insistiendo en que la toma de declaración al investigado o a testigos resultan en efecto diligencias menos invasivas de derechos, pero igualmente de menos eficacia a tenor de lo que se pretende investigar".

Se trata de la tercera ocasión en la que la Audiencia avala las decisiones de la jueza instructora, tras rechazar los recursos del propio David Sánchez y del presidente de la Diputación. Con ello, justifica que siga adelante la causa que se instruye contra ambos por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con la responsabilidad del hermano del presidente en el programa Opera Joven y por su cargo como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, un puesto que después recibió una denominación diferente por parte de la Diputación.

Este recurso en concreto fue presentado por Francisco Martos, alcalde de Castuera y diputado provincial entre junio 2019 y el mismo mes de 2023. En su recurso, calificaba la investigación de prospectiva y afirmaba además que se le podría haber llamado "a dar sus explicaciones", calificando esa causa de "mediática" y reprochando que existan "numerosas filtraciones pese a su carácter secreto".

Según Martos, su intervención se limitó "simplemente" a dar el visto bueno a una propuesta que partía de otra integrante de la diputación en octubre de 2022, "en relación con el cambio de denominación del puesto de trabajo" de David Sánchez. Afea igualmente esta parte a la jueza que no se han incluido otras personas que intervinieron "en informar la legalidad el procedimiento", así como a quienes referían la legalidad presupuestaria o el propio Interventor General.

En su respuesta al recurso, los magistrados de la Audiencia de Badajoz recuerdan que fue Martos quien firmó el cambio de denominación del puesto del hermano del presidente del Gobierno y subrayan que no es correcto decir que se incautaron todos los correos de nueve personas durante siete años sin discriminación ni criterio alguno. El periodo fijado por la juez es el que transcurre entre la creación del puesto de trabajo y luego su cambio de denominación "por mucho que la extensión temporal sea amplia", incide la Audiencia.