DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA
Sánchez justifica el rechazo a tomar el mando frente a la Generalitat Valenciana por “unidad, eficacia y respeto”
El jefe del Ejecutivo sale al paso de las críticas de abandono institucional remarcando que "todos somos Estado". Corresponsabiliza a las diferentes administraciones, aunque destacado que quien mejor conoce el terreno son las administraciones territoriales
El Gobierno mira ya a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Pedro Sánchez ha anunciado la puesta en marcha de un 'Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana'. Una respuesta a la catástrofe ocasionada por la DANA y que centrará los esfuerzos del Ejecutivo en "las próximas semanas y próximos meses", según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el primer paquete de ayudas, valorado en 10.600 millones de euros. "Este paquete de ayudas es solo el comienzo", ha matizado Sánchez como bálsamo a la ola de indignación entre los afectados.
El Ejecutivo se mantiene en su rechazado a declarar un estado de alarma, o de emergencia nacional como ha reclamado Alberto Núñez Feijóo, por "unidad, eficacia y respeto" institucional. "El Gobierno en esta crisis entiende que no hay un minuto que perder, que cada segundo es oro", ha argumentado Sánchez para defender que "entrar en una situación de sustitución de la administración", como es la valenciana dirigida por el popular Carlos Mazón, "sería restar eficacia a la acción de los poderes públicos".
Asimismo ha insistido en que "todos somos Estado", corresponsabilizando a las diferentes administraciones frente a las críticas de abandono. Con todo, ha destacado que quien mejor conoce el terreno son las administraciones territoriales, por lo que la labor del Gobierno sería "complementar y apoyar". Lo que ha definido como "cogobernanza", echando mano de las enseñanzas de la pandemia, pero recalcando que "vivimos en un Estado compuesto" y no centralista.
Ante el debate sobre la tardanza y los fallos en coordinación de la respuesta, el jefe del Ejecutivo ha eludido entrar para poner el foco en la urgencia de los trabajos actuales sobre el terreno. "Tiempo habrá tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso" para depurar responsabilidades o mejorar los protocolos de emergencia y actuación de protección civil.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó sin éxito este lunes a Sánchez que declarase la emergencia nacional. Una decisión que supondría ponerse al frente de la gestión de esta tragedia que ahora está comandando Carlos Mazón (PP), presidente de la Generalitat valenciana. Este último ha evitado hacer esta petición. Para Feijóo, sin embargo, la gestión de esta crisis, por sus dimensiones, requiere "una dirección de carácter nacional". "Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera. Se actúa con todo lo que uno puede aportar", defendióel líder de los populares.
El plan del Gobierno tendrá tres fases y "durará el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad del territorio afectado", según se ha comprometido. La primera se centrará en la respuesta inmediata y urgente que está teniendo lugar, para posteriormente abrir la fase de la reconstrucción y, por último, abordar el relanzamiento y transformación. Según ha explicado el presidente del Gobierno, esta fase pondrá el foco en "adaptar el territorio" a la emergencia climática.
15.000 efectivos
Para las dos segundas fases se acreará una comisión interministerial que las coordinará. Asimismo, se crearán mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral con las administraciones. En este punto, y ante las críticas, el presidente del Gobierno, ha argumentado que "vivimos en un país descentralizado" y que "todos somos Estado".
El jefe del Ejecutivo ha dado cuenta de un dispositivo que en estos momentos llega a los 14.898 efectivos militares, a los que se suman 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para bombeo, limpieza y abastecimiento de las zonas afectadas. En las últimas 72 horas se han producido 1.300 nuevos rescates y se ha restablecido el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados, según las cifras proporcionadas por el presidente del Gobierno, además del 78% de las líneas de telefonía dañadas.
Sánchez ha asegurado que este despliegue "no es suficiente" porque "aún quedan desaparecidos por localizar, viviendas y negocios destruidos, y gente que sufre carencias severas", aunque sin precisar cifras. Ante ello ha pedido que "tenemos que seguir trabajando, con más medios, más coordinación y mayor esfuerzo hasta que la normalidad haya vuelto a todos los hogares".
Escudo social
Hacienda ya adelantó antes del Consejo de Ministros que entre las medidas del escudo social se encuentra la suspensión del segundo pago del IRPF a los declarantes a los que la renta les salió a pagar para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la zona más castigada por la DANA. La iniciativa se recogerá en una norma en la que se establecerá que no se proceda a realizar los cobros a los contribuyentes de la provincia de València a los que les salió a pagar la declaración correspondiente a 2023 y eligieron abonar sus obligaciones en dos pagos.
Desde el ministerio de Trabajo se ha anunciado una batería de medidas, que se miran en el espejo de las adoptadas durante la pandemia, como restricciones al despido, con facilidades, por el otro, para que las empresas recurran a los erte. Los trabajadores autónomos también podrán solicitar el cese de actividad que les cubrió durante la pandemia.
El presidente de la Generalitat ha pedido al Gobierno 31.400 millones de euros en un primer plan de ayudas. Una cantidad superior al presupuesto anual de la Generalitat, que serviría de plan de recuperación para las zonas afectadas. Entre las medidas que ha solicitado está una ayuda "complementaria a la de la Generalitat" (que ha aprobado este lunes por 6.000 euros) para cada familia afectada para los primeros gastos por 15.000 euros o un plan de restauración de las áreas industriales por 7.000 millones.
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