El juez del caso Koldo ordena facilitar a Hacienda los datos para analizar si la trama defraudó tras el pelotazo de las mascarillas

El juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha ordenado proporcionar "los datos necesarios" a la funcionaria que ha sido designada al caso por la Agencia Tributaria (AEAT), con el fin de determinar si la empresa de la trama Soluciones de Gestión y el comisionista Víctor de Aldama "pudieran haber defraudado a la Hacienda Pública en el ejercicio 2020", coincidiendo con el pelotazo millonario que les supuso la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes y otras administraciones bajo la órbita del PSOE por un importe total de 53 millones de euros.

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Según la providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a la que ha tenido acceso este periódico, no es necesario que la inspectora -que fue designada el pasado 9 de octubre- comparezca en el juzgado, tal y como había solicitado el fiscal adscrito al caso, Luis Pastor, para que pudiera tener acceso a todo el procedimiento a través del cloud o nube por la que se notifican los procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional. 

A este respecto, el juez recuerda que la AEAT puede encargar la realización material de las actuaciones encomendadas a los funcionarios que considere convenientes, "que actuarán como tales, con las facultades administrativas que tengan atribuidas y dentro de su ámbito de actuación" y puede decidir cambiarlo "siendo el informe resultante de este funcionario el que se incorporará al procedimiento".

La apertura de una vía para determinar si la empresa con la que la trama logró introducirse en el negocio de las mascarillas en plena pandemia o su principal comisionista cometieron delitos fiscales se suma a los de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación que ya se investigan por el Juzgado Central de Instrucción número 2.

El procedimiento, además, ha visto cómo llegaba al Supremo, con la apertura de una causa en el alto tribunal contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que como sigue siendo diputado es aforado ante la Sala Segunda. En su resolución, el alto tribunal señalaba que la organización investigada, aprovechaba la condición del aforado como "secretario de Organización del partido político PSOE" para lograr contrataciones de otras administraciones.

También señalaba que la adjudicación de los contratos de adquisición de material sanitario fue realizada en favor de la empresa Soluciones de Gestión, “sin dar opción a que fueran presentados otras ofertas (...), ya que fue la designada desde la más alta instancia del ministerio”, afirmación que la exposición razonada que le remitió el juez Moreno obtenía de las declaraciones de los responsables de las empresas públicas materialmente encargadas de la adquisición de los productos sanitarios, Puertos del Estado y ADIF, así como de la propia auditoría interna realizada en Transportes por el actual ministro, Óscar Puente.