El Gobierno reforma el reglamento de extranjería para sumar a casi 1 millón de migrantes al mercado laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del reglamento de extranjería que pretenden facilitar la inserción laboral de centenares de miles de personas nacidas fuera de España y que ya están viviendo en el país. Ya sea cursando estudios de algún tipo, ya sea porque están conviviendo con algún familiar. También agilizará los tramites para los familiares (pareja, padres, hermanos o hijos) de personas residentes, con permiso de trabajo en España; entre otros.

Desde principios de año que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando una reforma de la normativa que busca culminar el cambio reglamentario efectuado ya en 2022. Los cambios que introducirá el Ejecutivo saldrán publicados presumiblemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles y entrarán en vigor seis meses después, a mediados de mayo del 2025.

"Con las novedades que hemos incorporado, estimamos que se podrían regularizar unas 300.000 personas cada año en los próximos 3 años", ha explicado la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Actualmente, hay 2,9 millones de trabajadores cotizando en España y que han nacido fuera; representando algo más del 13% del total de afiliados a la Seguridad Social.

Por tiempos, las primeras regularizaciones y permisos de trabajo autorizados llegarían en el verano de 2025. Aunque las asimétricas velocidades de las distintas oficinas de extranjería determinarán a qué ritmo las personas que vayan solicitando los nuevos permisos de trabajo y residencia podrán acceder a las mismas. "De poco servirán los cambios sobre el papel si no se dotan de recursos las oficinas para deshacer el cuello de botella que nos encontramos", apunta la secretaria de nuevas realidad del trabajo, territorio y migraciones de CCOO de Cataluña, Liliana Reyes.

El reglamento de extranjería actualmente vigente es de 2011, aunque desde entonces se han aprobado varias modificaciones, la última en 2022. Con esta nueva reforma, el Gobierno busca alargar la fuerte contribución del colectivo migrante al actual ciclo de crecimiento del empleo. Más de un tercio de los empleos creados desde que la economía empezó a recuperarse del covid los han ocupado personas migrantes. En el último año esa tendencia se ha agudizado, elevándose la aportación al 41%. 

Contrato parcial por estudios

A falta del detalle final que salga publicado en el BOE, los últimos borradores elaborados por el Ministerio dirigido por Elma Saiz plantean tres cambios sustantivos, según destaca la abogada especialista en extranjería Daianna Ghuz. Por un lado, se refuerza el arraigo por formación. Esto implica que una persona que esté cursando unos estudios de formación profesional o superiores podrá solicitar un permiso que le permitirá trabajar a tiempo parcial.

Los últimos borradores sitúan el máximo de horas trabajadas en 30 horas semanales y el empleo no necesariamente deberá estar vinculado con la formación que la persona está cursando. Hasta ahora la formación permitía residir, pero no trabajar como asalariado. En este sentido, también se ha prolongado de los actuales tres meses a un año el visado para la búsqueda de empleo.

Arraigo social

La segunda novedad que incluirá la reforma es la aceleración de los plazos para solicitar el arraigo social. Actualmente, una persona podía pedir permiso de trabajo si podía acreditar que llevaba tres años viviendo en el país. Ahora esos tres años bajan a dos. Disminuirá de tres a dos años, siempre que la persona pueda acreditar vínculos con un familiar de primer grado que ya resida aquí.

Otra novedad es que para acceder a ese permiso de trabajo ya no será necesario acreditar un precontrato con una empresa, un requisito hasta ahora imprescindible y que dificultaba en gran medida la regularización. Ya que requería que un empresario esperara a contratar a esa persona durante casi seis meses.

Permisos para quien tenga familiares españoles

La reforma del reglamento está pensada para regularizar a las personas de origen extranjero que ya viven en España, así como para facilitar que familiares de residentes acudan. Ahora una persona con nacionalidad española podrá traer a España a un familiar de primer grado (pareja, padres, hermanos o hijos) y que esta llegue con permiso de trabajo.

Para ello deberá acreditar que ha venido manteniendo económicamente a esa persona en su país de origen durante, como mínimo, los últimos seis meses. También deberá acreditar siempre -ahora solo lo exigen algunas oficinas, según el criterio de cada técnico- que la familia dispone de recursos para mantenerse, lo que, según explica la abogada Ghuz, pasa por disponer de unos ingresos mínimos. Estos se calculan en función del equivalente del 100% del IPREM, más un 75% adicional por cada miembro del hogar. Es decir, si una mujer se trae a su marido, deberá cobrar como mínimo 1.050 euros al mes (600 euros por ella y 405 por él), según detalla la letrada.

"Sin embargo siempre se recomienda que dichos medios economicos superen lo calculado, es decir entre 1.200 y 1.500, aunque se debe calcular caso por caso, saber que los medios economicos se pueden demostrar por ingresos legales y regulares; es decir pensiones, prestaciones entre otros", apunta Ghuz.

Una novedad que introduce la reforma es que el visado para que esa persona venga a reunirse con su familiar podrá cursarse desde España, lo que, según destaca la abogada, reducirá las trabas burocráticas que algunas embajadas o consulados ponían a algunas personas para realizar este tipo de viajes.

Segunda oportunidad

El Gobierno también ha incluido una nueva fórmula para renovar el permiso de trabajo para aquellas personas de origen extranjero que, por un motivo u otro, en algún momento ya estuvieron legalmente trabajando pero luego perdieron su autorización.

La reforma del reglamento de extranjería es diferente de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros, una propuesta que busca beneficiar a alrededor de medio millón de migrantes que viven en España sin papeles, está avalada por más de 600.000 firmas y continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados.