El choque de la mayoría de investidura en la reforma fiscal complica más los Presupuestos a Sánchez

Las dificultades del Gobierno para articular con sus socios de investidura una reforma fiscal de calado arrojan más dudas sobre su capacidad para sacar adelante los próximos Presupuestos. El Congreso visibilizó este lunes la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez por los vetos cruzados que amenazaron en la comisión de Hacienda el grueso de su plan fiscal. Los socialistas negociaron in extremis para intentar salvar el dictamen sobre el impuesto sobre el tipo mínimo a las multinacionales, al que obliga la UE, y dejar viva su reforma para el pleno del Congreso este jueves.

Las fuerzas del arco progresista se mantuvieron en la oposición al acuerdo del Ejecutivo alcanzado con Junts, y ratificado por el PNV, para eliminar el impuesto a las energéticas y prorrogar, con cambios, el de la banca. Un sonoro correctivo por parte de ERC, EH Bildu y BNG, además de Podemos que había anunciado su rechazo en el pleno, que lo es también sobre la forma de negociar del Ejecutivo. Le recriminaron que descargase la presión sobre la izquierda para priorizar los votos de Junts y PNV. Finalmente, sus presiones surtieron efecto y lograron el compromiso de prorrogar vía decreto un año más el impuesto a las energéticas. En contra de lo acordado con los posconvergentes y los nacionalistas vascos.

Podemos pide al Gobierno ligar el impuesto a las energéticas al decreto de ayudas por la DANA

Sin abordar todavía la negociación de los Presupuestos, que se retrasará en parte por los cambios obligados en el proyecto para tener en cuenta la reconstrucción de Valencia tras la DANA, las posiciones de los socios muestran una aritmética cada vez más endiablada. Con una división en dos bloques. El PSOE sustenta su Gobierno en minoría bajo el principio de que es la única formación del Congreso capaz de articular una mayoría parlamentaria. Sin embargo, la heterogeneidad de los socios, con intereses contrapuestos en diversos asuntos y sumidos en una espiral competitiva entre sí, ha venido dando muestras de la dificultad para encajar las piezas del puzle.

Sobre todo por las posiciones más inamovibles de Junts, a lo que desde el arco progresista parecen haber dicho basta para no verse relegados en su capacidad de influencia. En una cuestión trascendental, la de la fiscalidad, que deja tocada la mayoría de investidura de cara a las próximas Cuentas. La intervención en el debate de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, fue sintomática al advertir que la legislatura depende de la necesidad de articular acuerdos entre diferentes, “lo que nos obliga a abandonar posiciones maximalistas”. De lo contrario, añadió, el resultado “es la nada” porque “la aritmética es que es y llega hasta donde dan los números”.

Cuando encallaron estas negociaciones, obligando hasta en dos ocasiones a posponer la celebración de la comisión, los socios ya levantaron el tono contra los posconvergentes al acusarlos de “cerrarse en banda”. O salía adelante su acuerdo con el PSOE para suprimir el impuesto a las energéticas o rechazarían cualquier otra solución de mínimos.

Incluso limitarse a la trasposición del impuesto a las multinacionales, que fue la solución de mínimos que proponían otros socios para evitar la ruptura. Una patada hacia adelante, a la que tuvo que acogerse el Ejecutivo para no fracasar en su reforma, e intentar preservar la negociación de los Presupuestos. Tanto los representantes de ERC como EH Bildu insistieron en esta oferta para encontrar un punto de encuentro. Todo ello, tras haberse renunciado inicialmente a prorrogar tanto el impuesto a las energéticas como el de la banca, como se encargó de recordar la diputada de ERC, Pilar Vallugera.

Sin acercamientos tras la DANA

“Es evidente que Repsol ha decidido que no haya impuesto a las energéticas a través de sus lacayos. No vamos a pasar por ahí, sobre todo después de la DANA. No somos conscientes de los efectos de cierto tipo de industria y de que hay que pagar impuestos”, reprochó Vallugera. El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, incidió igualmente en que “desde los consejos de administración” se estaría determinando el rumbo de la política tributaria del Gobierno. Unas posiciones que dan cuenta del choque entre ERC y Junts, por un lado, y entre PNV y EH Bildu, por otro, y de un relato consumado que difícilmente tiene vuelta atrás.

Los Presupuestos están más en el aire que hace unos días, a pesar de la catástrofe de la DANA. Desde el Ejecutivo consideran que la reconstrucción y su necesidad de financiación cambian el escenario, pero Junts ya avisó al Gobierno del “error de vincular la aprobación de los Presupuestos a las ayudas a los damnificados”. Algo que calificaron de "chantaje". Junts apuesta por una modificación presupuestaria de las actuales Cuentas para dotar a la reconstrucción y las ayudas de un fondo extraordinario. Con los posconvergentes todavía está pendiente de negociar la senda de déficit, el paso previo imprescindible para llevar los Presupuestos al Congreso.

Desde Compromís, por el contrario, ligan su apoyo a las cuentas a incluir partidas para la Comunidad Valenciana. Posiciones antagónicas que aumentan la complejidad para contentar a todos los socios necesarios. Lejos de garantizarse el apoyo de los socios ante esta nueva situación como confían en Moncloa, la incertidumbre ha escalado.