Investigación a la mujer del presidente
Los e-mails aportados por Begoña Gómez al juez acreditan la intervención de la asesora de Moncloa en sus gestiones con la UCM
Aporta documentación para demostrar que firmó el pliego que dio lugar a los contratos para la elaboración del software porque así se lo indicó la universidad
La documentación que la defensa de Begoña Gómez, ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado para defenderse de las acusaciones de apropiación indebida e intrusismo de los que se le acusa en relación con el software para la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid evidencian que la esposa de Pedro Sánchez utilizaba para sus gestiones en la Universidad Complutense a Cristina Álvarez, su asistente personal y asesora en Moncloa.
EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tenido acceso a estas comunicaciones, que ponen de manifiesto, en todo caso, que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas que dio lugar a los contratos para la elaboración del citado software fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente.
En uno de estos correos, con fecha del 6 de octubre de 2022, la trabajadora de la de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) María Jesús Morillo remite a Álvarez un modelo de contrato de cesión de derechos a la Universidad "para que la titularidad de esa obra sea 100 % UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM". "Vuestra colaboración se recogerá en el contrato de cesión de derechos", añade, mostrando a Begoña cómo actuar en este asunto.
Cristina Álvarez en copia
En otro de los documentos aportados, un mail de 24 de abril de 2023 que María José Sánchez Rosales, de la gerencia de la Universidad, remite a la propia Begoña, la asesora y asistente asignada a la esposa del presidente del Gobierno aparece en copia. En este documento se les remite la documentación para iniciar el expediente de contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de "una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa (PYME)".
Se advierte que para la gestión de este asunto se requiere "una comisión de expertos" que desde la cátedra de Transformación Social Competitiva debían decidir, y se añade: "El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña. He modificado el término 'recomendación' para que sea una exigencia y el perfil se adapte exactamente a lo que solicitáis como cumplimiento obligatorio".
En su escrito ante el juez Juan Carlos Peinado, la defensa interesa la citación como testigos de estas trabajadoras que aparecen en los mensajes para que aclaren cómo se gestionó la aplicación de este sistema.
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