El Supremo pide a Fiscalía General que no borre las imágenes del registro para comprobar si se manipuló un móvil

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha enviado un oficio a la Fiscalía General para ordenar que no se borren las imágenes de seguridad que se grabaron durante el registro para comprobar si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, manipularon un teléfono mientras se desarrollaba, conforme ha denunciado la acusación popular que ejerce en al causa la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El oficio se basa en el testimonio de un fiscal perteneciente a la APIF que vio cómo el mismo día 30 de octubre tanto García Ortiz como Sánchez Conde, que actúa como la representante del ministerio público del caso, mantienen una conversación en relación a un teléfono móvil. De ahí que las imágenes que solicita que se guarden sean las que pudieran ser grabadas por "las cámaras que enfocan el salón noble ubicado en el patio central del edificio" entre las 18 y las 19.45 horas.

Fuentes fiscales señalan a EL PERIÓDICO que en Fiscalía General no existe ninguna cámara que enfoque hacia ese salón. De hecho, señalan que las del circuito de seguridad del edificio, que es el organismo hacia el que se dirige el magistrado, enfocan hacia el exterior, porque su objetivo es el de prevenir robos. Además, señalan que según consta en el acta del registro realizado por la UCO el móvil le fue devuelto al fiscal general a las 17.55 horas, una vez ya habiendo sido clonado, por lo que es imposible la manipulación denunciada por la APIF en sus alegaciones.

El registro acordado por el magistrado instructor ordenaba realizar una copia de todos los dispositivos electrónicos del fiscal general y la intervención de sus comunicaciones desde el 8 de marzo y el mismo día en que se producía el registro, periodo que posteriormente se redujo a entre el 8 y el 14 de marzo.

El Supremo investiga si el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pudieron cometer un delito de revelación de secretos en relación con los delitos fiscales por los que está imputado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el último informe presentado la Guardia Civil apuntado a un "papel preeminente" del fiscal general en la supuesta revelación de secretos por la filtración de los e-mails que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña intercambió con el fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales para intentar un pacto que le librara del juicio. Se trata del dictamen realizado sobre el material incautado a Pilar Rodríguez, en cuyas conversaciones sitúa en la Fiscalía General la filtración de la denuncia contra Alberto González Amador.