El PP se alía con Junts, PNV y ERC para forzar al Gobierno a suspender un impuesto que ahorraría 1.100 millones en la factura eléctrica

El PP ha buscado el apoyo de los socios habituales del PSOE en el Congreso para intentar suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, un gravamen que crearon los propios conservadores en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el déficit acumulado del sistema eléctrico. En los próximos días se sabrá si PSOE y Sumar consiguen frenar la iniciativa o finalmente se convierte en ley y se aplica.

Los populares consiguieron este lunes incluir en la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero una enmienda transaccional pactada con Junts para pasar del 7% actual al 0% el gravamen sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE). Entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2025 siempre que el sistema "no genere déficit de tarifa": a falta del cierre del año, no parece que vaya a haber tal déficit.

Este acuerdo entre los populares y los de Carles Puigdemont llegó horas después de que, ese mismo día, el 'expresident' pidiera a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, para comprobar si tiene el apoyo mayoritario de la Cámara. "Se trata de un éxito parlamentario y deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que hablan Sánchez, sus ministros y sus diputados no es tal", celebró el martes Miguel Tellado, el portavoz del PP en la Cámara baja.

Faltó un diputado socialista

Fuentes del grupo parlamentario del PP se felicitaron de haber conseguido que también ERC y PNV, aliados del PSOE, apoyaran la enmienda transaccional, una iniciativa que también respaldó Vox. Los populares temen que el PSOE y Sumar intenten presionar a sus socios y bloqueen esta iniciativa que este lunes, según diversas fuentes parlamentarias, salió gracias a que faltó un representante socialista en la mesa y por eso el Gobierno no pudo aprobar sus vetos.

Los socialistas confían en poder levantar la enmienda, informa Miguel Ángel Rodríguez. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que todavía "hay todo un recorrido" en el que se intentará "revertir o condicionar" esa decisión. No obstante, el margen de actuación es limitado, porque la rebaja de este impuesto ya forma parte del texto legal y necesitarían del apoyo de la mayoría de sus socios -incluidos ERC y PNV- para levantar esa modificación con otra enmienda.

Lo normal es que tras la ponencia del lunes, la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para debatir ese informe y el resto de enmiendas se convocase tres días después (el jueves), pero la mesa de la comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha rehusado este martes fijar un plazo. El PP ha expresado en un escrito a la mesa su queja por lo que considera una decisión "arbitraria y antirreglamentaria" de la presidenta de la mesa, la diputada socialista Cristina Narbona, para "ganar tiempo para recomponer la mayoría que apoya al Gobierno".

Entre 1,5 y 2 euros por hogar

El impuesto en cuestión grava la producción y venta de electricidad en el mercado mayorista con un tipo del 7%, por lo que afecta directamente a las compañías eléctricas, pero estas lo repercuten a los consumidores. De esta forma, una rebaja de esta tasa supondría una bajada de precio de la electricidad para los clientes. El impacto de esta medida varía cada año en función del volumen y de los precios de la energía negociados en el mercado mayorista. Según los cálculos del PP, en total supondrá un ahorro de unos 1.100 millones de euros: 400 millones para las familias españolas; 500 para las pymes, y 200 millones para grandes industrias.

La estimación de los populares coincide con la de la empresa especializada en la comparación de tarifas de energía Selectra a partir de los datos del mercado para este año (1.139 millones de euros). Para un hogar tipo, con un contrato en el mercado libre y un consumo de 250 kilovatios, esto se traduce en una rebaja de entre 1,5 y 2 euros al mes.

Déficit de tarifa

Aunque fuentes del PP se quejen de que "el resto de países de la Unión Europea" no tiene este impuesto que hace que la industria "sea menos competitiva", hay que recordar que fue el PP el que lo creó en 2012 para acabar con el denominado déficit de tarifa, que es el desfase entre la tarifa de la luz y su coste real producido entre los años 2000 y 2013 por la decisión de los distintos gobiernos de evitar que el aumento del coste de la electricidad se trasladase a los consumidores. Esto llevó a amontonar una deuda de más de 27.000 millones de euros.

Desde 2014, el sistema eléctrico ha generado superávits. Y, de hecho, desde 2013 el sistema no puede incurrir en déficit por ley. Si eso ocurriera -como ha pasado en los dos últimos años por las medidas del Gobierno para reducir el impacto de los precios de la energía en el bolsillo de los consumidores, incluida la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica- el Ejecutivo tiene que realizar una transferencia de dinero para incrementar de forma 'artificial' esos ingresos o aumentar los costes regulados de la factura (cargos).

El Gobierno de coalición presidido por el PSOE lo tuvo suspendido durante toda la crisis energética, entre el mes de julio de 2021 y diciembre de 2023, pero, en el proceso de recuperación gradual de los impuestos de este año, lo pasó al 3,5% (entre enero y marzo) y al 5,25% (entre marzo y junio). El mes de julio alcanzó su tipo habitual del 7%.

Tasa polémica

Las grandes compañías eléctricas, integradas en la Asociación de Empresas Eléctricas (Aeléc), valoraron de forma positiva la eliminación de un impuesto que consideran que no es coherente ni con la política nacional ni con la política europea. "Eliminar impuestos que solo los tiene España y no Europa, como es el impuesto a la generación, es un tema relevante porque, de no eliminarlo, resta competitividad a las empresas españolas sobre las europeas", afirmaron en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Desde la asociación, formada por Iberdrola, Endesa y EDP, recuerdan que este sector soporta "más de 40 impuestos que hacen que dificulte dar las señales adecuadas a los consumidores de los beneficios de la electrificación con respecto al consumo fósil como es el IVA, o el impuesto de la electricidad. Sin duda es necesario avanzar en promover una coherencia entre la política fiscal y la política energética de manera urgente".

Esta tasa generó desde su creación una intensa polémica entre grandes eléctricas y pequeños productores de energías renovables que respondieron a ella con multitud de demandas judiciales al considerar que se trata de un impuesto indirecto y con un objetivo recaudatorio y no un impuesto directo y con carácter medioambiental como se define. Esta cuestión llegó incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avaló el gravamen después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le remitiese una cuestión prejudicial sobre la posible vulneración de la legislación europea.