El Gobierno opta por aprobar por decreto el impuesto a las energéticas ante las dificultades para cerrar un acuerdo con PNV y Junts

La primera reunión entre el Ministerio de Hacienda y socios de Gobierno para negociar un impuesto a las energéticas ha constatado la imposibilidad de lograr un acuerdo global en esa comisión negociadora, ante el plantón de PNV y Junts, necesarios para lograr una mayoría. En el encuentro, el departamento de María Jesús Montero ha trasladado que optará por el decreto ley para sacar adelante esta figura impositiva, renunciando así a una negociación multilateral con los socios de investidura y dando por zanjada la vía de la proposición de ley, que era la primera opción comprometida con Podemos. Pese al fiasco de la primera reunión, Hacienda defiende que no renuncia a renunciar y volverá a convocar a los partidos para una próxima cita la semana que viene.

El encuentro de este miércoles daba cumplimiento al acuerdo sellado con el partido de Ione Belarra a cambio de sus votos para la reforma fiscal, pero lo cierto es que el balance ha sido pobre, con segundos perfiles de los partidos que acudían a la cita y sin convocatoria de prensa. La "comisión negociadora" anunciada el pasado 21 de noviembre ha terminado en calificarse como "una reunión de trabajo", rebajando al máximo las expectativas.

Distintas fuentes presenciales apuntan a que Hacienda ha trasladado en la reunión su voluntad de aprobar por la vía del decreto este impuesto durante un año, cumpliendo así con el acuerdo alcanzado con ERC y Bildu, pero sin las garantías de que la medida vaya a salir adelante. El Gobierno ha trasladado que será una "prórroga"; pero no ha concretado será para dar continuidad al actual gravamen, al que se opone el PNV por tener carácter estatal y no poder bonificarse en las comunidades autónomas, o si será un decreto para crear un nuevo impuesto, que sí puede tener deducciones autonómicas.

El decreto sobre las energéticas en el que trabaja el Gobierno tampoco tiene a día de hoy los votos asegurados para salir adelante en el Congreso, donde debe ratificarse en los 30 días siguientes a su aprobación en Consejo de Ministros. Fuentes de Hacienda dibujan a un impuesto con "deducciones e incentivos para fomentar la descarbonización y la inversión en electrificación", en lo que se plantea como un guiño para que Junts pudiera aceptar este eventual impuesto sin que afectara a Repsol.

Desde el departamento de María Jesús Montero admiten que es "un objetivo complejo porque la realidad es que actualmente las posiciones están muy alejadas". En este sentido, hace una crítica velada a Podemos, defendiendo que "en un clima de discreción y diálogo será más factible que los grupos parlamentarios renuncien a posiciones maximalistas, acerquen posturas y se alcance un acuerdo que sea positivo para el conjunto de la ciudadanía". El Gobierno, defienden, "va a cumplir sus compromisos" y seguirá con reuniones para lograr un acuerdo, convocando para ello una nueva comisión el miércoles de la próxima semana.

Podemos vuelve a amenazar

Más allá de la voluntad expresada por Hacienda, lo cierto es que la cita ha terminado por convertirse en una piedra en el zapato para todos los asistentes. En el PSOE admitían la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los socios y expresaban su malestar hacia Podemos, que ha venido amenazando con dejar caer los próximos Presupuestos si no cumplían el acuerdo y que después de la reunión ha insistido en su amenaza, asegurando que la cita era un "incumplimiento" del Gobierno, al que responsabilizaban por no haber sentado a sus socios de corte conservador como son jeltzales y nacionalistas.

PNV se descolgó en primer lugar de lo que calificó de "paripé" y en Junts ni siquiera dieron explicaciones sobre su ausencia en la cita, que se celebró sin pena ni gloria y sin propuestas concretas, más allá de la voluntad que trasladó el Gobierno de cumplir con el acuerdo que firmó con ERC y EH Bildu para prorrogar el impuesto a las energéticas por la vía del real decreto. La aprobación por la vía del real decreto también la incluyó Podemos en su acuerdo, pero con una diferencia. En su caso era un plan 'B' para "ganar tiempo" y tener 30 días más de negociación, en caso de que la comisión no lograse aprobar a tiempo una proposición de ley con el acuerdo de todas las partes.

El partido de Ione Belarra mostró su malestar hacia el PSOE una vez concluida la reunión, asegurando que el hecho de que PNV y Junts no acudieran era un "incumplimiento" por parte del PSOE, que -según su versión- se había comprometido a sentar a todas las partes. Así, los morados denunciaron la "falta de compromiso del Gobierno con el impuesto a las energéticas", reclaman al PSOE que "cumpla" con lo acordado y lanzan una nueva advertencia: "En este contexto no se dan las condiciones siquiera para comenzar la negociación de Presupuestos Generales del Estado".

A la reunión acudieron, por parte del ministerio de Hacienda fue el secretario de Estado, Jesús Gascón, que se reunió con diputados rasos del resto de partidos, como Pilar Vallugera de ERC, Txema Guijarro y Manuel Lago por parte de Sumar, el diputado Javier Sánchez Serna en representación de Podemos y Oskar Matute en representación de EH Bildu. Una representación del arco parlamentario de izquierdas que sostiene al Gobierno, pero que sin Junts y PNV resulta insuficiente para armar una mayoría.