El juez ordena comprobar si hay pruebas de que una empresaria llevó dinero a Ferraz para decidir citarla

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no ve procedente de momento llamar a declarar en el caso Koldo a la empresaria María del Carmen Pano, pero para adoptar una decisión definitiva e, incluso, determinar en qué condición debería hacerlo, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "verifique si en los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos existe algún dato que permita corroborar" si llevó dinero en efectivo a la sede socialista de Ferraz, como manifestó en un medio de comunicación.

Su citación y la de su hija Leonor María González Pano había sido solicitada en calidad de testigos por las acusaciones populares que ejercen Iustitia Europa y el Partido Popular. La segunda aparece relacionada con la compra del inmueble, sito en La Alcaidesa (en La Línea de la Concepción, Cádiz), a través del considerado nexo corruptor Víctor de Aldama, para disfrute del exministro José Luis Ábalos.

Por su parte, la citación de la madre fue solicitada porque manifestó en un medio digital que entregó 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz en octubre de 2020 por orden o encargo de Víctor de Aldama para que la empresa Villafuel obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos,

Según la fiscalía, la entrevista que Pano concedió al medio digital "entra en contradicción con el contenido del informe de la UCO" en el que ambas aparecen a partir de las evidencias digitales intervenidas en el procedimiento, por lo que para decidir si debe prestar declaración es conveniente que "la Unidad Policial encargada de la investigación verifique si en los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos existe algún dato que permita corroborar las manifestaciones" que efectuó.

Además, el magistrado se reafirma en permitir al PSOE personarse como acusación popular en la causa, lo que ha sido recurrido por el resto de organizaciones y partidos que ejercía ya la acción popular. En un escrito para oponerse a estas impugnaciones, los socialistas argumentan que en el hipotético caso de que fuera cierto lo manifestado por Pano, lo que por supuesto niegan, su declaración solo podría hacerse como imputada, puesto que con sus palabras estaría admitiendo la comisión de un delito de cohecho.

Por otra parte, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones personadas en la causa para intentar estar presentes en los interrogatorios que debe realizar, una vez que las ha unificado bajo la representación legal del PP, cuyo abogado es el único que puede asistir a las diligencais practicadas.