Tribunales
La Fiscalía pide investigar primero la DANA en un juzgado y elevar la causa contra Mazón al TSJCV si se hallan indicios contra él
El pleno de la sala de lo civil y lo Penal del alto tribunal valenciano deberá decidir ahora si abre causa contra el presidente de la Generalitat
Laura Ballester, Cristian Gallardo
La Fiscalía de Valencia se muestra a favor de que la justicia investigue las responsabilidades penales por la gestión de la DANA y, si existen indicios contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se eleve una exposición razonada contra él, según un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), adelantado por el diario El País.
El Alto Tribunal Valenciano acordó el pasado viernes acumular en una misma causa las siete denuncias (por la vía civil o contencioso-administrativa) y querellas (por la vía penal) interpuestas contra el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en el último mes. La decisión de acumular las siete demandas y querellas se adoptó porque todas tratan "los mismos hechos" en referencia a la barrancada y la riada provocada por la DANA (depresión aislada en niveles altos) del 29-O que han dejado un balance, aún provisional, de 223 víctimas mortales y cuatro desaparecidos además de daños millonarios en 82 municipios de la provincia de València.
A partir de las siete querellas y demandas, la fiscal María José Montesinos de Lago, de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, señala en su escrito que de todas ellas se deriva “una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada”.
Pero todos los demandantes y querellantes sí apuntan a la "desatención de sus deberes" de las "máximas autoridades autonómicas valencianas, ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida", según el escrito adelantado por El País.
La Fiscalía se muestra favorable a que se investiguen las posibles responsabilidades penales pero defiende que “es más que razonable realizar una única instrucción, dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos”. “Entendemos que en todas las denuncias subyace la misma atribución de hechos, con independencia de las distintas calificaciones jurídicas efectuadas por los querellantes y denunciantes, y, de manera unánime, basada en la omisión e infracción de los deberes propios e inherentes a la función de los denunciados”, según el escrito del Ministerio Público.
Aunque esta ingente tarea debería realizarla, a juicio de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, "un Juzgado de Instrucción" que debería determinar a través de una "completa investigación judicial los hechos acaecidos concretando la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados”, en alusión al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón o la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, entre otros. Y tras estas pesquisas en el caso de que se hayaran indicios de posible criminalidad ya se debería elevar una exposición razonada para que el TSJCV investigara a Mazón, aforado, por su condición de presidente de la Generalitat.
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