ESCUDO SOCIAL

El Gobierno mantendrá las subvenciones al transporte público en 2025 pero reduce el nivel de las ayudas

Pedro Sánchez comparecerá el próximo lunes tras el último Consejo de Ministros del año, del que saldrá un decreto ómnibus para prorrogar medidas del escudo social

Trenes de Cercanías en la Estación de Atocha, en Madrid

Trenes de Cercanías en la Estación de Atocha, en Madrid / JOSE LUIS ROCA

El Gobierno prorrogará las subvenciones al transporte público en el decreto ómnibus que se aprobará el próximo lunes 23 de diciembre en el que se dará continuidad a una parte del llamado escudo social. El 31 de diciembre de este año caduca el actual régimen de descuentos del 50% a los abonos de transporte, por el que el Ejecutivo central sufraga un 30% a las comunidades autónomas que aplicasen al menos un 20% de subvención, de manera que se ofreciera un mínimo del 50% de rebaja. Aunque la medida continuará, fuentes próximas a la negociación apuntan a que el nivel de ayudas podría reducirse un 10%, aunque desde el Ministerio de Transportes avanzan que todavía se están cerrando los detalles sobre el paquete de medidas.

Las ayudas al transporte público se han aplicado en los últimos dos años y se diseñaron para hacer frente a la crisis inflacionista desatada por la guerra de Ucrania. Su continuidad ha estado en el aire en las últimas semanas, donde el ala socialista se mostraba reacio a mantener estas medidas. Después de intensas negociaciones entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, la prórroga de las subvenciones al transporte saldrá adelante, pero todavía está por ver cuál será su impacto real en el bolsillo de los ciudadanos.

Hasta ahora, existían distintos tipos de ayudas. Por una parte, están los descuentos en los abonos de transporte metropolitano, que el Gobierno mantendrá, pero reduciendo su aportación. La subvención aportada por la administración central está condicionada a la que aporten las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esta subvención se ha elevado hasta el 60% en los últimos años, puesto que el 30% estatal se complementó con el 30% de ayuda autonómica. La presidenta Isabel Díaz Ayuso avanzó hace semanas que, en caso de que se acabaran las subvenciones estatales, tampoco se mantendrían las autonómicas. Está ahora por ver si, además de la rebaja de ayudas del Gobierno, el descuento aplicado a nivel regional se ve también rebajado.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Óscar Puente, ministro de Transporte, tras una reunión del Comité de crisis de la DANA

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Óscar Puente, ministro de Transporte, tras una reunión del Comité de crisis de la DANA / José Manuel Martínez Álvarez (Moncloa)

La otra modalidad de ayudas que están vigentes hasta el 31 de diciembre son las subvenciones que se aplican a los servicios de Renfe, con la gratuidad para los usuarios frecuentes de los trenes de Cercanías o Media Distancia o el descuento del 50% en el caso de trenes Avant, transporte público urbano, metropolitano e interurbano gestionado por ayuntamientos y comunidades autónomas. A falta de que se termine de diseñar el decreto, desde el Ministerio de Transporte apuntan a que estas ayudas dejarán de aplicarse con carácter general, si no que su diseño será más "complejo" y "no universal", aunque se mantendrán "importantes bonificaciones".

Prórroga selectiva

Uno de los departamentos más reticentes a mantener estas ayudas era precisamente el Ministerio de Transporte de Óscar Puente, más partidarios de reducir drásticamente este tipo de subvenciones, al considerar que en los dos años de aplicación no se ha cumplido uno de los principales objetivos por los que se diseñó, como era reducir el uso del vehículo privado en favor del transporte público. Por su parte, el Ministerio de Hacienda era más proclive a mantener las subvenciones al transporte público para asegurarse así el favor de sus socios parlamentarios.

Aunque el escudo social se reducirá, en línea la exigencia de la Comisión Europea, para disminuir progresivamente las ayudas extraordinarias anticrisis y, sobre todo, evitar su carácter generalizado. En el departamento de María Jesús Montero defienden que no pueden cronificarse este tipo de “medidas antiinflación” que en su momento se aprobaron con un carácter temporal y extraordinario en febrero de 2022, con el comienzo de la guerra de Ucrania. “Los motivos del decreto han decaído”, concluyen estas mismas fuentes, que apuntan a que el nivel de inflación está “por debajo del 3%” (2,4% en noviembre) y la senda es descendente.

El propio presidente Pedro Sánchez mostró la semana en el Congreso su “predisposición” a extender “algunas medidas” del escudo social en 2025, sin precisar cuáles. Pero el espíritu del Gobierno pasa actualmente más por ser selectivo y por no prolongar de manera masiva todas las medidas anticrisis, a expensas de lo que consigan arrancar los diferentes grupos parlamentarios al Ejecutivo para dar su apoyo al decreto.

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