La tensión entre Junts y el Gobierno se contagia a los socios y agrieta el bloque de investidura

La relación del Gobierno con los socios del bloque de investidura llega a final de año con la tensión en máximos. Como si se tratase de un efecto dominó, la creciente presión de Junts, que ha exigido a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, se extiende a otros grupos parlamentarios de los que depende la gobernabilidad. Especialmente a Podemos que, como los posconvergentes, han enfriado no solo su apoyo a los Presupuestos, sino incluso a la posibilidad misma de sentarse a negociarlos.

La incertidumbre sobre el recorrido de la legislatura, con las cuentas públicas en el aire, ha contagiado a otras formaciones que ahora se esfuerzan por marcar un mayor perfil propio. Desentenderse del bloque de investidura para no quedar atrapados electoralmente bajo el manto del PSOE o reflejados como socios acríticos y con un bajo listón de exigencia.

Incluso Coalición Canaria, con un solo diputado, advertía este miércoles a Pedro Sánchez durante la última sesión de control al Gobierno de este 2024 que no forman parte de “ningún bloque”. Al mismo tiempo, su portavoz Cristina Valido exigía al presidente del Gobierno la creación de una comisión de seguimiento sobre sus acuerdos de investidura (la denominada Agenda Canaria) para acelerar y garantizar su cumplimiento.

La competición dentro del bloque de investidura y los intereses contrapuestos, como en el impuesto a las energéticas, se han disparado también en este contexto. A pesar de haberse cuadrado el círculo con el paquete fiscal, la pinza de Junts con el PP en el Senado para promover enmiendas conjuntas amaga con una política más líquida que de bloques. El propio Carles Puigdemont alejaba la posibilidad de que su partido apoye los Presupuestos, sin descartar la posibilidad de que haya elecciones anticipadas por no estar en estos momentos en disposición “ni de negociar”.

Junts exige que se cierren antes compromisos pendientes. Una “lista muy larga” que va desde la amnistía “política” hasta el uso del catalán en las instituciones europeas, pasando por el traspaso “integral” de las competencias en inmigración. En el Gobierno intentan rebajar el órdago considerándolo una estrategia de negociación a través de la habitual presión para partir de posiciones de máximos.

“Cada cierto tiempo intensifican sus posiciones para intentar trasladar que no forman parte de un bloque”, responden fuentes del Gobierno conocedoras de las negociaciones con los posconvergentes. Por ello, concluyen que “no nos sorprende”, si bien este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, trataba de normalizar la continuidad de la legislatura aunque se tuviesen que volver a prorrogar los Presupuestos. “Es importante recordar que el actual Presupuesto, ya prorrogado, fue aprobado por este Gobierno”, puntualizó.

Desdramatizar la alternativa de PP y Vox

Podemos, por su parte, vincula la negociación de la carpeta crucial para garantizar la estabilidad de la legislatura a que se prorrogue el impuesto a las energéticas. Un requisito, este último, que colisiona con PNV y Junts. Ante esta coyuntura, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo lunes un decreto con la prórroga del decreto extraordinario, aun a sabiendas de que el Congreso lo tumbará. Se considera así que se cumpliría, pero Podemos lo ve insuficiente al no estar garantizado que prospere. En el departamento que lidera María Jesús Montero contestan que no pueden comprometer los votos de otros grupos.

Los morados no esconden sus choques con el Ejecutivo, que han ido ‘in crescendo’ hasta el punto incidir en el mensaje de que la diferencia entre socialistas y populares “es ya indistinguible”. Un golpe en la línea de flotación del Gobierno, cuyo pegamento desde la investidura se centra en la falta de alternativa. En el Ejecutivo sostienen que el electorado ni de Podemos ni de Junts entenderían que se les dejase caer para abrir la puerta a una alternativa formada por PP y Vox.

“La voz en el Gobierno de la patronal”

El ambiente cada vez más convulso entre el Gobierno y sus socios se constató esta semana con PNV y Junts rechazando acudir a la comisión convocada por Hacienda sobre el impuesto a las energéticas y con Podemos acabando por levantarse con ácidas críticas a la supuesta falta de voluntad del Gobierno para sacarlo adelante. Los morados suman otra amenaza en el pleno de este jueves, al anticipar que tumbarán el proyecto de ley sobre eficiencia en la Justicia si no se garantiza la eliminación de los llamados “desahucios exprés”.

A las señales de desarticulación del bloque de investidura, se suma una escenificación mayor de las diferencias entre los socios de coalición. La última, a propósito de la reducción de la jornada laboral. Mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegurase en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes que se llevaría a cabo en 2025, con o sin acuerdo de la patronal, en la parte socialista del Gobierno apuestan por retrasarlo en aras de un mayor consenso parlamentario. Desde Sumar han puesto al ministro de Economía en su punto mira, llegándole a reprochar que “no debería ser la voz dentro del Gobierno de una patronal que está en rebeldía”.