El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional para impedir el referéndum del 1-O en Barcelona ha dejado a un paso de juicio a 45 agentes del cuerpo ante los indicios de que su actuación podría constituir delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona da un plazo de 40 días a las acusaciones y defensas para que presenten sus escritos de calificación o soliciten el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas de Barcelona que acogieron urnas del referéndum unilateral.
Para el juez instructor, de la investigación llevada a cabo, que se ha prolongado más de cinco años, se desprende que los policías imputados pudieron incurrir no solo en «delitos leves o menos graves de lesiones», sino también en los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y contra la integridad moral.