El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) trabaja en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano para avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte, según su titular, José Luis Ábalos.
El ministro ha subrayado que dicha ley «debe ser la lanzadera», que permita que España transite de sus políticas de infraestructuras y de transportes del siglo XX hacia una política de movilidad segura y sostenible, económica y medioambiental, del siglo XXI.
En su comparecencia, a petición propia y también de Grupos Parlamentarios Popular, Vox, Republicano y Ciudadanos, ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, ha agregado que esta ley, que ya tienen en países europeos como Francia, «debería resultar de un acuerdo muy amplio».
Se trata de establecer normas y procedimientos claros para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte, ha detallado.
Tras indicar que su ministerio ha heredado del anterior gobierno una serie de compromisos planteados (reclamaciones y peticiones) que, sólo en infraestructuras terrestres, viarias y ferroviarias, se acercan a los 80.000 millones de euros, ha abogado por un pacto de Estado por la movilidad junto con todas las fuerzas políticas.
El ministro ha destacado la reorientación de la política de transportes y vivienda del Gobierno hacia una apuesta por la movilidad como derecho, pensando que el gran objetivo es el usuario, asegurando las inversiones necesarias para el mantenimiento del sistema en su conjunto con altos estándares de calidad, recuperando los mejores niveles de servicio.
Según Ábalos, la nueva denominación del ministerio (antes Fomento) «nos homologa con los países de nuestro entorno y simboliza esta nueva orientación, más contemporánea y ajustada a los retos del momento» y, además de la movilidad, otra gran cuestión en la que se trabajará es la vivienda.
El titular de Mitma llevará al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas tensionadas.
Ha sostenido que el control de precios es una medida «oportuna», «ponderada», «tasada» y «proporcional» y ha dicho que cree en ella porque como ministro y como político debe defender los derechos sociales que garantiza la Constitución.
La iniciativa ha sido aplaudida por los diputados del PSOE, Unidas Podemos y Compromís, y criticada por el PP, mientras que el PNV ha pedido «concreción»; ERC ha reclamado «recursos para atajar la picaresca y los contratos en negro» y JxCat ha subrayado que dicha regulación debe respetar las competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas.
En nombre de Vox, Patricia de las Heras ha opinado que «cuando se pone tope a los precios se crea el efecto contrario» y ha acusado al ministro de tener «fobia al sector privado».
De las Heras ha demandado la construcción de pisos para la clase media y «ayudas a la clase media y trabajadora como la exención del IVA, bajar el IBI y liberalizar suelo».
Ana Zurita (PP) ha reprochado a Ábalos «tanto palabrerío» y ha sostenido que la mayor política de vivienda en España la ha hecho su partido cuando ha gobernado.
La parlamentaria popular ha considerado que el ministro socialista en materia de vivienda solo ofrece un «discurso vacío» y «anuncios propagandísticos para contentar a sus socios, que siembran la incertidumbre y contraen la oferta».
«Usted a la única persona que le ha resuelto tener un alojamiento apropiado es a la señora Delcy Rodríguez», vicepresidenta de Venezuela, ha dicho Zurita, en alusión a la polémica sobre la presencia en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta de Venezuela.
En su réplica, Ábalos ha incidido en que lo que pretende es «mover recursos y generar mucha oferta donde se ha desbordado la situación» y en que la limitación es necesaria para «zonas tensionadas donde claramente el indicador de precios indique que conviene una actuación».
Ha agregado que le gustaría que esta medida fuera «incentivadora y acompañada de un beneficio fiscal que animara a participar de esa política».