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Imagen de archivo del diputado del PP Alberto Casero tras prestar declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo. EFE/Luca Piergiovanni
Casero deja su escaño en el Congreso tras ser procesado por el Supremo
El magistrado explica que en su etapa como alcalde de Trujillo, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, concertó con diferentes personas y entidades una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.
El PP ha informado hoy de que su diputado en el Congreso Alberto Casero ha renunciado «de forma voluntaria» a su acta «para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido» tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por prevaricación y malversación.
Fuentes del partido han indicado a Efe que Casero ha trasladado esta tarde a la portavoz en el Congreso y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, su renuncia para no perjudicar a los populares y ha destacado que dicha decisión «la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor».
Casero será procesado por el alto tribunal en relación a presuntas irregularidades en cinco contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
El PP recuerda que esta misma mañana el propio Casero ya había pedido la suspensión de militancia en el partido.
Este viernes se ha conocido que el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha propuesto juzgarle, en un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el que da diez días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.
Secretario de organización bajo la dirección de Pablo Casado, donde trabajaba a las órdenes de Teodoro García Egea, Casero fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral.
Negó un error en su voto, sostuvo por escrito que había votado que no al igual que el resto del PP y que por lo que «parecía» un «fallo del sistema» el «certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba». Por ello recurrió la votación ante el Tribunal Constitucional, que aún debe fallar al respecto.