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Macrooperación en decenas de municipios por corrupción en la gestión del tráfico. / J.Casares (Efe)
La macrooperación denominada Enredadera llevada a cabo este martes por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dejó un balance de 16 municipios de la Comunidad de Madrid afectados y varios detenidos, entre ellos, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y el jefe de policía de Fuenlabrada, José Francisco Cano.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ordenó la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios, repartidos por todo el territorio nacional, para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, integrada actualmente en el Grupo Valoriza Servicios Medioambientales, y que habría obtenido «la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local».
Fuentes de la investigación informaron de que se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
En concreto, el juzgado, que decretó secreto de sumario de las actuaciones, autorizó la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada y Torrelodones.
Además, ordenó la práctica de requerimientos de documentación, que deberá ser cumplimentados en presencia de la Policía, en Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real y Valdemorillo. También se vieron afectados los consistorios de Hoyo de Manzanares y de Guadarrama. Estas actuaciones conllevaron varias detenciones en toda España, destacando en la Comunidad la del alcalde de Arroyomolinos, de Ciudadanos, que se convirtió en el primer regidor de la formación naranja arrestado por la presunta comisión de un delito de corrupción. El partido le suspendió de militancia.
También se detuvo al jefe de Policía Local de Fuenlabrada, al que el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario tras su detención. Cano es también secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España.
No fue el único agente detenido. En Alcobendas, la Policía Nacional detuvo al oficial de la Policía local de Alcobendas, Julio V., mientras que en Pinto, se llevaron a dependencias policiales al subinspector de Policía Local del Ayuntamiento, en funciones de jefe policial.
Otro de los detenidos destacados por esta operación sobre el amaño de contratos fue el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del caso Gürtel. En total, son, al menos, 35 los detenidos, entre autoridades y funcionarios, tanto del PP como del PSOE y de Ciudadanos.
Los hechos investigados están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.