-
-
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, al inicio hoy de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido que es necesario cambiar «normas, reglas y cultura» tras lo ocurrido con el caso de ‘La Manada’. «Algunas sentencias ponen de manifiesto que queda mucho por hacer», ha declarado durante su intervención en el Pleno del Congreso.
Preguntado por la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, acerca de las medidas que piensa desarrollar para garantizar la perspectiva de género en la Justicia, el ministro ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha medidas para que «la necesaria visión de género» esté presente «en todas las políticas públicas».
Catalá ha destacado que España se encuentra en un momento de «transformación social», pero ha señalado que «hay que cambiar «leyes para adaptarlas a la realidad social, así como «comportamientos, cultura y ética» en la aplicación de la reglas.
«Estoy seguro de que si a una mujer, cinco personas le roban un móvil, nadie va a dudar que ha habido intimidación. Creo, por ello mismo, que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Por lo tanto, creo que coincido completamente con su planteamiento. Eso no es un tema de leyes, es un tema de cultura, de implantación de las maneras de entender las cosas y, por tanto, en eso hay que trabajar», ha señalado el ministro.
El responsable de la Justicia en España respondía así a las acusaciones de Montero, acerca de que el Gobierno está «criminalizando» al movimiento feminista del país y de culpar a la «individualidad de un juez» a lo ocurrido con ‘La Manada’ cuando «se trata de un problema estructural» consecuencia de «una justicia sin perspectiva de género».
«Por eso hay un juez que dice ver jolgorio en una violación grupal y otro que pide a la mujer que cierre las piernas. Hay un sistema judicial que culpabiliza a las víctimas y perpetúa la culpabilidad de la víctima de la violencia de género», ha señalado la diputada.
Para la portavoz del grupo confederal, es «necesario» que el Ejecutivo se «comprometa» con las políticas públicas que «protejan y reparen» a las víctimas de violencia de género y ha recordado que la inacción del Gobierno en relación al Pacto de Estado contra las violencias machistas ha impedido que la víctima de ‘La Manada’ acceda a los recursos a los que tienen derecho estas mujeres.
Pero, además, le ha reclamado a Catalá que cumpla con las recomendaciones de la ONU en esta materia y con la formación de personal de la justicia, así como que «modifique la formacion de la comisión» que va a estudiar la reforma del Código Penal tras el caso de Pamplona. «La ley le exige que sea paritario y está metiendo mujeres a capón para dismular», ha criticado Montero.
Sobre formación de personales de la Justicia, Catalá ha asegurado que se está incrementando la «sensibilidad» contra la violencia de género y que esta práctica «se está llevando a cabo cotidianamente» desde el Ministerio de Justicia. En este sentido, ha recalcado el «compromiso» que también tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la formación de los operadores jurídicos.
«El Centro de Estudios Jurídicos está formando intensamente en esta materia y está incrementando los recursos», ha manifestado, en respuesta a otra pregunta parlamentaria realizada por la diputada socialista Adriana Lastra, sobre esta materia.
Respecto a las competencias de su Ministerio, Catalá ha aseverado que las horas de formación para combatir la violencia machista se han incrementado un «187%». Asimismo, ha destacado el aumento en un «460%», es decir, «cuatro veces más», del número de personas que participan en las actividades impartidas por el Centro de Estudios Jurídicos, donde asisten jueces, fiscales, funcionarios y forenses.
Con todo, el ministro se ha mostrado «de acuerdo» en «fortalecer la sensibilización» contra este tipo de violencia y, concretamente, ha abogado por «establecer guías de lenguaje no sexista» y «controlar su aplicación. Y ha expresado su disposición a trabajar para este fin.
Por su parte, Lastra sostiene que «falta de empatía» y cree que eso «solamente se corrige con formación para jueves y fiscales» que, a su juicio, «tienen una responsabilidad capital en la lucha contra violencia machista». «La justicia sobre todo tiene que ser la última garantía de las mujeres, no el último refugio del patriarcado», ha sentenciado.
La diputada, que ha hecho hincapié en que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en diciembre se contempla la mejora de la formación de los operadores jurídicos, ha reprochado al ministro que el Gobierno «aún» no haya hecho «nada» para cumplirlo. Además, le ha afeado que «ni siquiera» están los recursos económicos «encima de la mesa» para la puesta en marcha de las medidas establecidas en el acuerdo.