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Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente en una concentración en la Puerta del Sol a favor de la aprobación de la ley de eutanasia. EFE/ Chema Moya
Dos años después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la ley de eutanasia, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) lamenta la opacidad de la administración a la hora de aportar datos, aunque reconoce que el número de casos es mucho menor al que ellos mismos habían estimado.
Las últimas cifras disponibles son de junio del año pasado, cuando el Ministerio de Sanidad dio a conocer que en el primer año de aplicación de a ley, un total de 180 personas habían ejercido su derecho a la eutanasia. Desde entonces, no se ha actualizado la cifra, aunque desde DMD estiman que pueden rondar las 300.
En declaraciones a EFE, el presidente de DMD, Javier Velasco, reconoce que la cifra es «mucho menor» de lo que ellos esperaban. Esta asociación, pionera en la defensa del derecho a la eutanasia en España, había realizado estimaciones en base a las cifras de los países nórdicos, donde esta práctica está legalizada desde hace años.
Así, antes de la aprobación de la ley calculaban que el 2 % de todos los fallecimientos serían por eutanasia. El porcentaje a día de hoy es de una de cada mil defunciones «y eso en las comunidades con más casos, porque en otras la cifra es hasta diez veces más baja».
Lo que no sorprende a Velasco son las patologías predominantes: las enfermedades degenerativas como la ELA o la esclerosis múltiple, en las que la muerte de la persona no está próxima, muy por encima de las enfermedades oncológicas.
Y señala como aspecto positivo el hecho de que en la mayoría de las comunidades autónomas se haya realizado ya alguna eutanasia a personas con patologías psiquiátricas, a pesar de las reticencias iniciales y de la «falsa idea» de que las personas con una enfermedad mental no están capacitadas para tomar esta decisión.
Los casos de eutanasias a enfermos psiquiátricos son escasos y para acceder a la ayuda es necesario contar, además, con un informe psiquiátrico.
En cuanto a la polémica suscitada durante el debate de la ley sobre la objeción de conciencia de los sanitarios, Velasco ha indicado que el número de objetores no llega al 2 %. «La objeción de conciencia es minoritaria y no supone ningún problema», afirma.
Lo que sí puede resultar más problemático -indica- son los «objetores de conveniencia», muchos de ellos médicos de familia que tienen una alta presión asistencial, no saben cómo tramitar el caso y no pueden liberar sus agendas para atender de la manera que se merece una solicitud de eutanasia.
IMPORTANTES DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cataluña, País Vasco, Cantabria, Navarra, Asturias y Aragón son las comunidades que destacan en la aplicación de la ley, mientras que en el lado contrario están Madrid y Andalucía, esta última especialmente por las trabas a la hora de entregar la primera solicitud de eutanasia, aunque una vez se supera este trámite, la Comisión de Garantía y Evaluación resulta diligente.
En la Comunidad de Madrid, Velasco denuncia el desconocimiento entre los profesionales y la falta de implicación de la Administración.
El presidente de DMD lamenta que comunidades como la Valenciana no les está dando datos de la aplicación de la ley, mientras que se muestra extrañado por las cifras reportadas por Extremadura, donde sólo se habría realizado una eutanasia.
Velasco insiste en que aquellas comunidades que mejor funcionan son las que cuentan con Comités de referentes, médicos que cuentan con cierta experiencia previa y que orientan a los sanitarios que se enfrentan por primera vez a una eutanasia.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIARÁ EN BREVE
El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto resolver esta semana el recurso de Vox contra la ley y, según las fuentes consultadas por EFE, previsiblemente lo hará con un aval íntegro a la norma.
En el último pleno, el magistrado ponente, el progresista Ramón Sáez Valcárcel, avanzó que ese será el sentido de la sentencia que someterá a debate de los magistrados esta próxima semana. Según las fuentes consultadas por Efe, la mayoría del TC es partidaria de respaldar la norma.