El enemigo, en la puerta: los porteros de Madrid en la Guerra Civil

Lo mismo salvaron vidas que condenaron a muerte

Registros de automovilistas en la plaza de Atocha. EFE/Díaz Casariego

Registros de automovilistas en la plaza de Atocha. EFE/Díaz Casariego / Alfredo Valenzuela (EFE)

Alfredo Valenzuela (EFE)

Sólo cinco semanas después de la Guerra Civil, Concha Espina publicó el artículo «Porterías» sobre la actuación de los porteros y las porteras de Madrid durante el conflicto, y ahora se publica «El enemigo a las puertas», primer estudio histórico sobre estos empleados que lo mismo salvaron vidas que condenaron a muerte.

De las ochenta mujeres fusiladas en la posguerra en Madrid siete fueron porteras, según esta investigación histórica publicada por la granadina Comares y efectuada por el historiador Daniel Oviedo Silva, profesor de la Universidad de Navarra, quien como prueba de que este colectivo estuvo «sobrerrepresentado» en la represión de posguerra cita al cronista republicano Eduardo de Guzmán.

De Guzmán escribió que los presos del franquismo hablaban de «las tres pes», en alusión a policías, periodistas y porteros, profesionales que con mayor frecuencia se hacían acreedores de la pena de muerte.

Un total de 525 porteros y auxiliares de portería, de los que el 70 por ciento eran varones, fueron condecorados por el Ayuntamiento de Madrid en la inmediata posguerra con la entrega de una Medalla de la Fidelidad, que los acreditaba como «leales» por haber desviado denuncias, ocultado a perseguidos o haber prestado testimonio en favor de posibles víctimas de la represión republicana.

Incluso un portero que fue miembro de un sindicato católico asesinado durante la guerra fue beatificado como mártir, ha destacado en declaraciones a EFE Oviedo Silva, cuyo trabajo ha contado con el elogio del hispanista Paul Preston, quien ha afirmado que es «sorprendentemente novedoso» y que ofrece «una visión insólita» sobre la actuación decisiva de un colectivo que tuvo «una influencia social enorme durante décadas».

Preston también señala en su introducción que el estudio «ilumina los debates más candentes sobre la violencia en la retaguardia republicana», ya que sólo en el primer periodo de la posguerra, el Oviedo Silva ha revisado 1.681 incidentes, episodios o circunstancias incriminatorias sucedidas durante los años de la guerra denunciados en unos 300 edificios de la ciudad.

Esos casos cuentan con las declaraciones rubricadas por 268 porteros y 563 inquilinos, las cuales tienen relación con 557 detenciones en 224 inmuebles; 227 registros en 89 inmuebles; 244 requisas en 137; y 162 asesinatos o desapariciones con fatal desenlace en otros 113.

Aunque sólo en un 10 por ciento de estos casos se obtuvo información concluyente, estos testimonios encabezaron como prueba numerosos procesos judiciales militares, mientras que las víctimas de los incidentes estudiados hasta un 86,75 por ciento eran vecinos, porcentaje que aumenta si se incluyen a los propios porteros, empleados de hogar y de establecimientos relacionados con el vecindario.

En la posguerra, los porteros «eran potenciales sospechosos y fueron objeto de severas represalias», de ahí que contaran con un juzgado especial para instruir la investigación sobre sus actuaciones durante el conflicto, según Oviedo Silva, quien ha recordado que desde mucho antes de la Guerra Civil se contó con los porteros como fuente de información policial, por considerar que siempre tuvieron la capacidad de controlar y vigilar al vecindario.

El historiador dedica un epígrafe a la brigada del chequista Agapito García Atadell y su comité de porteros, integrado por miembros de la Sociedad de Porteros y del Grupo Sindical Socialista de Porteros, en los que ya militaban antes de la guerra y que, durante el conflicto, efectuaron llamamientos a sus compañeros para que «cumpliesen con su deber» delatando a enemigos políticos.

Oviedo Silva subtitula su libro «Porteros y prácticas acusatorias en Madrid (1936-1945)» y no emplea la palabra denuncia porque durante la guerra algunos de estos porteros «se emplearon en prácticas protectoras» de modo que «las solidaridades personales y vecinales pudieron cortocircuitar la supuesta red de denuncias que habían tejido».

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