- La ministra de Igualdad, Irene Montero (c), la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (d) y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez. EFE/ Chema Moya
El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos está abordando soluciones a los problemas generados por la aplicación de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del "solo sí es sí", para lo que se está trabajando de la mano de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de manera "seria y rigurosa", según han indicado fuentes de La Moncloa. Todo después de que más de 270 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley, según ha avanzado este sábado 'La Vanguardia'.
Las mismas fuentes señalan que los dos partidos del Gobierno de coalición, "con plena sintonía", son conscientes de los efectos indeseados generados por la aplicación de la ley, con la revisión de condena a agresores sexuales, y quieren contribuir juntos a resolverla.
Abordar con responsabilidad esta situación, inciden desde Moncloa, requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico.
Precisamente por eso se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados, explican las citadas fuentes, que defienden la ley como una conquista del movimiento feminista, nacida para proteger más a las víctimas y tipificar como delito actitudes machistas que antes no eran consideradas de esa forma.
No obstante, no se oculta y se comparte la preocupación social ante este tema.
El diario La Vanguardia publica hoy que Igualdad ultima la reforma de la ley de "sólo sí es sí" ante el aluvión de críticas y que Unidas Podemos se aviene a la rectificación ante la presión de los socialistas.
Beneficiados 278 condenados
Hasta este viernes 278 condenados por delitos sexuales se han beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí', entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Además, se ha ordenado la excarcelación de 20 personas.
En los 278 casos registrados, los magistrados explican que estas revisiones y rebajas de condenas se hacen porque el propio Código Penal, en su artículo 2.2, establece que siempre deberá aplicarse la ley «más favorable» al reo.
En este contexto, la ley ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual.
Podemos: «el Gobierno no ha parado de buscar fórmulas»
Fuentes de Podemos han explicado a Europa Press que «el Gobierno no ha parado de buscar fórmulas» para que la ley se aplique de forma correcta, compartiendo «la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas».
«Seguimos trabajando en ello», manifiestan las mismas fuentes de Podemos, que subrayan que «a día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida».
La iniciativa de reforma de la ley está impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, según detalla La Vanguardia.
Desde Podemos afirman que el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró ayer en rueda de prensa que la ley es «sólida» y que, aunque comparte la preocupación de la sociedad por las rebaja, el Ministerio ya se estaba ocupando de llevar a cabo «todo lo que esté en su mano» para «garantizar la correcta aplicación de la ley».
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se abrió a hacer algún retoque técnico, ante el goteo de rebajas y el impacto negativo que esta circunstancia tiene para el Gobierno.
«La ley no ha tenido los efectos deseados, es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta más similar a la que dio la FGE en ese decreto interpretativo, pero reconocemos también que es una ley que protege a las mujeres y a las víctimas, y estamos trabajando para seguir implementando y desarrollando la aplicación de esta norma», declaró hace unos días la ministra de Justicia, Pilar Llop.