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La portavoz del Gobierno Isabel Celaá. / Efe
El Gobierno está estudiando si personarse como parte en defensa de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
“El Gobierno esta mañana ha tomado el compromiso de, precisamente para luchar contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, estudiar que el Servicio Jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas”, ha señalado.
Esta decisión se produce después de que la Audiencia de Navarra haya dictado la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual. Los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados ni aprecian tampoco riesgo de reiteración delictiva, según exponen en el auto.
Fuentes del Ejecutivo han precisado que en el caso de La Manada ya no sería posible personarse porque ya hay una sentencia condenatoria dictada, aunque no sea firme. En cualquier caso, las mismas fuentes han añadido que el Gobierno a partir de ahora va a estudiar si puede personarse para casos similares al de los Sanfermines de 2016.
La portavoz del Gobierno ha recordado que el Ejecutivo de Navarra ya ha anunciado que recurrirá el auto que permite la excarcelación de ‘La Manada. “Nosotros no somos parte legitimada para hacerlo, pero sí a través de la Abogacía del Estado podemos salvaguardar el interés de las víctimas”, ha añadido.
“Sorprendido” por el auto
Celaá ha admitido que al Gobierno “le ha sorprendido” el auto que dicta la libertad provisional “porque la regla de oro general” es mantener la prisión “al menos hasta el cumplimiento de la mitad de la condena” y “sobre todo con una sentencia de nueve años” de cárcel. Asimismo, ha apuntado que una sentencia condenatoria “siempre es peligrosa” en el sentido de que es “proclive a la fuga” del condenado.
Según ha manifestado, la sentencia que condena a los integrantes de La Manada habla unos “hechos probados gravísimos”. Asimismo, ha dicho compartir la “preocupación ciudadana” por la puesta en libertad de los jóvenes. “Ella dijo no. Esa es la opinión que está en el ambiente social y es un hecho probado”, ha remarcado.
Celaá ha insistido en que el Gobierno respecta las decisiones judiciales, pero ha hecho hincapié en que los hechos condenados y probados son gravísimos”. “El Gobierno se hace eco de la alarma y preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger, necesita proteger y va a proteger”, ha sentenciado.
En este contexto, ha dicho que el Gobierno se siente “obligado” a proteger a las mujeres y “está particularmente sensibilizado” en relación a los delitos contra la libertad sexual y contra la indemnidad sexual.
Concretamente, ha recordado que el PSOE impulsó el debate en la Cámara Baja de una proposición de ley orgánica que introduce medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como la formación a jueces y magistrados en materia de género. Asimismo, ha incidido en que el Gobierno va a estudiar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.