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La Guardia Civil abandona la sede Òmnium Cultural en Barcelona tras su registro por orden judicial. / Efe
La peor pesadilla del Gobierno es que, de alguna manera, con grilletes o sin ellos, a distancia o no, Carles Puigdemont sea proclamado presidente de la Generalitat. Todos los medios para impedirlo: advertencias verbales, recursos judiciales y hasta un aparatoso despliegue policial parecen pocos para garantizar que el huido deje de ser quien más influye en la política catalana y, de rebote, en la española.
Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió ayer en que no cabe una eventual investidura no presencial de Puigdemont y que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional si se intenta realizar esta maniobra en el Parlamento de Cataluña. «No es una opinión», insistió, que con el soporte legal existente –el reglamento del Parlamento de Cataluña, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General– las investiduras deben ser presenciales.
Pero por si acaso las leyes tienen dobleces y letra pequeña, apeló al sentido común: «Cómo alguien va a presentar una candidatura para una comunidad autónoma sin estar físicamente expresando ante el Parlamento que representa a los ciudadanos su proyecto político».
Sin embargo, el Gobierno tienen otro argumento más aparatoso y que recuerda a quién corresponde el monopolio de la fuerza también en el Estado de derecho: el Ministerio del Interior desplegó ayer un nuevo dispositivo liderado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que incluye la inspección del subsuelo del Parlament y un refuerzo presencial de vigilancia en aeropuertos y fronteras terrestres y marítimas, informan a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo.
En el marco de este operativo, cinco policías nacionales inspeccionaron ayer el alcantarillado del Parc de la Ciutadella en Barcelona, donde está el Parlament, pese a que el cuerpo no tiene encomendadas en Cataluña estas competencias en seguridad, que asumen los Mossos d’Esquadra. El objetivo no es prevenir un ataque terrorista, sino la presencia de Puigdemont.
El plazo para celebrar la primera sesión del debate de la investidura acaba el día 31. El expresidente, reclamado por la Justicia y fugado en Bélgica, insistió ayer tras reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, en que «hay muchas posibilidades», además de la asistencia presencial, para participar en ese pleno.
Torrent se reunió con Puigdemont en una «localización alternativa» después de que el Gobierno prohibiera utilizar la oficina de la Generalitat en Bruselas.
El único candidato propuesto a la Presidencia de la Generalitat es Puigdemont y los letrados del Parlament ya han señalado que no es posible la investidura telemática.
Diversos furgones de la Policía Nacional han aparcado desde el lunes en diferentes puertas del Parc de la Ciutadella y ayer se sumaron los agentes especialistas en subsuelo. En la entrada más cerca de la Estación de França están aparcados tres furgones, mientras que en una lateral hay otro más.
Fuentes policiales han explicado que se trata de un «refuerzo operativo en diferentes puntos estratégicos de Cataluña», que incluye el Parlament, con vistas al pleno de investidura. Interior ha movilizado a guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) que, narra la Cadena Ser, y desplazado un centenar de efectivos desde Sevilla a Girona, donde reside Puigdemont.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en una entrevista en Onda Cero que hará «todo lo posible» para que se cumpla la ley en España y que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán que avale la investidura.
El martes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también aseguró que estaban «muy preocupados» ante la posibilidad de que Puigdemont burlara los controles.
«Hay muchos caminos rurales y se puede entrar por barco, en helicóptero o por ultraligero, pero trabajamos para que no ocurra», aseguró Zoido. Trabajan, incluso, para procurar «que Puigdemont no pueda entrar ni en el maletero de un coche».