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Foto: EFE
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Camino, una iniciativa dotada con 204 millones de euros hasta 2026 para ayudar a víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres que ejercen la prostitución a cambiar de vida con programas de acceso a vivienda, salud y empleo y papeles para regularizar su situación en España.
Mientras en el Congreso, el PSOE impulsa una ley abolicionista de la prostitución, que ha dividido a los socios de la investidura, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a este plan diseñado por Igualdad que pone la mirada en las víctimas, aunque también incluye medidas educativas para desincentivar la demanda.
"La abolición significa papeles, vivienda, empleo, asistencia psicológica, asistencia jurídica especializada, atención integral", ha resumido la ministra de Igualdad, Irene Montero, al presentar el plan junto a mujeres que fueron explotadas.
Montero ha asegurado que trabajará sin descanso para aprobar en esta legislatura la prometida ley integral contra la trata para luchar de forma efectiva contra el proxenetismo, reformar la ley de extranjería y proteger a todas las víctimas.
El Plan Camino, para Igualdad, es un primer paso que implica a una decena de ministerios con medidas dirigidas a las mujeres víctimas de trata y "en contextos de prostitución", escenarios complejos con diferentes situaciones de explotación y de abuso de derechos humanos.
Poner cifras al drama y dar papeles
Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), entre 2017-2021 las fuerzas y cuerpos de seguridad identificaron 873 víctimas de trata sexual y 2.227 de explotación sexual, un mínimo porcentaje de las personas en situación o "entornos" de riesgo identificadas durante ese periodo (36.402).
El primer eje del plan es mejorar la información sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución, para lo que se realizará un macroestudio en 2023.
Igualdad subraya además que el 90 % de las mujeres que atienden las ONG son inmigrantes en situación irregular, con lo que la regularización es la primera vía real de salida de su situación.
En ese contexto, el plan propone un acuerdo de regularización de las mujeres que participen en el I Plan de Inserción sociolaboral por razones de interés púbico; y a medio plazo plantea "explorar la aplicación de las vías de normalización administrativas" que ofrece el Reglamento de Extranjería tras su reciente modificación y "promover su aplicación" a las víctimas.
"Hay que tomar decisiones valientes en materia de extranjería", ha subrayado Montero con la mirada puesta en una futura reforma legal.
Ha valorado no obstante el acuerdo alcanzado con Inclusión e Interior y que permitirá "que no tener papeles no sea una barrera para el acceso a una vivienda, a un empleo o a un plan de inserción".
Itinerarios de atención integral
Con el objetivo de lograr la inserción laboral de estas mujeres, se contará con un itinerario de atención integral, con programas de acceso a la vivienda, la salud y el empleo, capítulo al que se destinará el grueso de un presupuesto que Igualdad sabe que es muy modesto.
El citado I Plan de Inserción Sociolaboral para Víctimas de Trata, Explotación Sexual y para Mujeres en Contextos de Prostitución (2022-2026) se convierte así en uno de los ejes centrales del Plan Camino, con programas formativos y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para incentivar su contratación.
Se fortalecerá la atención integral psicosocial y sanitaria a estas mujeres y también el acceso a una vivienda en régimen de alquiler o en pisos tutelados y "redes de alojamiento seguro".
Detectar a las víctimas y acreditarlas sin denuncia
El plan quiere garantizar que todos los servicios públicos, de las fuerzas de seguridad, al sistema sanitario o educativo, detectan a las víctimas de trata y explotación sexual, especialmente cuando son menores de edad.
Y conscientes de que en muchas ocasiones le miedo impide a estas mujeres actuar, se apuesta por consolidar el nuevo sistema de acreditación para que las víctimas que les permite acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva denunciar a sus tratantes o explotadores.
Desincentivar la demanda
Montero ha subrayado la necesidad de reforzar la lucha contra todas las violencias sexuales y ha destacado la apuesta del Plan Camino por medidas que desincentiven la demanda de prostitución, con campañas de sensibilización que lleguen a jóvenes y hombres en las escuelas y espacios de socialización cruciales para ello.
"No es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres". ha resaltado la ministra.