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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE/Moncloa/Borja Puig
El Gobierno ya ha elegido la fórmula para reformar la ley del Poder Judicial y el Constitucional tras frenar el tribunal de garantías su aprobación a través de la modificación del Código Penal y lo hará a través de una proposición de ley en el Congreso impulsada por los socialistas junto a otros grupos.
Fuentes parlamentarias socialistas apuntan que en este momento se está en conversaciones con otros grupos para impulsar dicha proposición de ley que tendrá como contenido las dos enmiendas que ayer frenó el Constitucional.
Estas enmiendas pretenden por una parte eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional y por otra modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.
Son la vía que el Gobierno ha encontrado para superar el bloqueo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo con el PP, que dura ya cuatro años y que desde el pasado verano se extiende al Tribunal Constitucional, donde impera una mayoría conservadora.
Esta nueva proposición de ley podría registrarse esta misma semana, aunque depende del acuerdo al que lleguen los distintos grupos parlamentarios, que, según destacan las mismas fuentes, han vivido un reagrupamiento tras la actuación del Tribunal Constitucional, que consideran una tropelía.
Esta salida es compatible con la propuesta que los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han planteado para sortear la suspensión de enmiendas acordada por el Constitucional, como ERC, PNV y Bildu, en tanto que Más País se ha adelantado y ayer mismo registró por su cuenta una proposición para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Por otra parte, los socialistas renuncian a rebajar las mayorías para eligir en el Parlamento a los vocales del CGPJ, como pide Podemos, una opción que queda apartada porque el intento que se hizo en 2020 no fue bien acogido por la Comisión Europea.