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E.P
El Gobierno ultima durante el fin de semana las medidas del plan nacional para encarar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, un plan que desde el Ejecutivo se asegura que será "ambicioso" y que se ve respaldado por el "éxito" que supone el acuerdo energético de Bruselas.
Será el próximo martes, 29 de marzo, cuando el Consejo de Ministros, según ha venido anunciando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobará el real decreto con las medidas de ese plan.
Durante la dos últimas semanas ha habido para ello contactos del Ejecutivo con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y representantes de los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra, y en las próximas horas se prevé que haya más conversaciones, principalmente de carácter político, ante esa aprobación inminente.
Sánchez ha defendido en todo momento una hoja de ruta para dar luz verde al plan que pasaba por dialogar en diversos ámbitos, protagonizar una gira por la UE ante las decisiones que había que adoptar en el Consejo Europeo de esta semana, esperar a que se conocieran los acuerdos adoptados en esa cumbre y después aprobar el real decreto con las medidas que pretenden aliviar las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
Por ello, el acuerdo logrado el viernes entre los líderes comunitarios con la denominada "excepción ibérica", que permitirá a España y Portugal adoptar medidas particulares para frenar los precios de la electricidad, se considera esencial para una parte del plan.
Fuentes de Moncloa califican de "éxito total" ese acuerdo aunque reconocen que los deseos iniciales de Sánchez aspiraban a más.
Pero afirman que no renuncia a ellos y, de hecho, la Unión Europea está avanzando para que se conviertan en realidad propuestas que hace unos meses planteaba España y parecían prácticamente imposibles como las compras conjuntas de gas y el impulso de determinadas interconexiones.
Lo que ocurre, explican, es que se trata de aspectos que necesitan más tiempo, mientras que la inmediatez de las soluciones viene de la mano del aval de los Veintisiete a que la Península Ibérica tenga alguna herramienta específica para actuar ya por su condición de "isla energética".
En concreto, en virtud del artículo 122 del Tratado de la UE, las regiones que cumplan ciertos criterios podrán limitar temporalmente los precios de los combustibles fósiles usados para la electricidad sin afectar al funcionamiento del mercado único.
La medida incluye a las regiones con bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto de la UE y una cuota de electricidad de energías renovables superior al 45%.
En esta situación se encuentran los dos países de la Península, y España en concreto tiene una interconexión con el resto de Europa del 2,8% y un mix energético en el que un 47% procede de las renovables.
Actualmente, el precio diario del mercado mayorista de la electricidad lo marcan las centrales que utilizan gas, y por ello, según subraya el Gobierno, España va a establecer de forma temporal un precio de referencia al gas que se usa para producir electricidad y que será sustancialmente más bajo que el existente ahora.
Con esta medida los productores de electricidad que utilicen gas ofertarán sobre el precio de referencia, pero recibirán una compensación por la diferencia con el precio de mercado.
Ese pago dijo Sánchez tras la cumbre que no será mediante ayudas públicas, y el Gobierno ha concretado que saldrá del sistema eléctrico, de los ahorros que va a haber al bajar los precios a todos los consumidores de electricidad.
Sánchez avanzó que a principios de la próxima semana España y Portugal presentarán su propuesta concreta a la Comisión Europea, que se ha comprometido a tramitarla con urgencia para determinar que se ajusta al derecho comunitario.
El presidente del Gobierno auguró que en menos de un mes podrían notar ya los ciudadanos, empresas e industrias la bajada del precio de la luz derivada de la aplicación de esta propuesta.
Por tanto, será una de las claves del plan que aprobará el Consejo de Ministros el martes, un día antes de que Sánchez lo presente ante el pleno del Congreso.
No obstante, algunos detalles novedosos podría avanzarlos el lunes 28 en un acto de carácter económico que presidirá en Madrid.
Otras medidas del plan se han ido avanzando en los últimos días tras las reuniones de algunos ministros con representantes de los sectores más afectados.
Entre ellas las ayudas relativas al transporte de mercancía por carretera, que suman un total de 1.135 millones de euros con decisiones como una rebaja del precio del carburante en 20 céntimos por litro.
Habrá también medidas específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación del sector pesquero, y una atención especial a la ganadería y la agricultura.
Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha adelantado que la mayor parte de las siembras que se detraigan de la superficie dedicada a barbecho y cultivos de interés ecológico para incrementar la productividad de materias primas que antes se importaban de Ucrania, se dedicarán al maíz y al girasol.