El Tribunal Supremo ha hecho público un comunicado este viernes en el que explica que avocará a un Pleno compuesto por más de 30 magistrados el primer caso que les llegue relativo al sujeto pasivo -a quien corresponde pagar- el Impuesto de actos jurídicos documentados.
Lo hace, según explica en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, por tratarse la decisión conocida ayer de un «giro radical» en la jurisprudencia y habida cuenta de «su enorme repercusión económica y social».
La decisión se produce después de que ayer una sentencia sorpresa viene a desdecir la postura adoptada por el alto tribunal sobre si deben ser las entidades o los clientes quienes se ocupen de sufragar este gasto. El alto tribunal, que a principios de año eximía al banco del pago del mismo y dictaminaba que debía ser el cliente quien lo asumiera, falló justo lo contrario, que quien debe abonar el impuesto este impuesto sobre las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es el prestamista y no quien recibe el préstamo.
En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modificaba su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluía que «no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente».