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Combo de fotografías del expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont (i-arriba) y los cinco exconsejeros que han viajado con él a Bruselas desde Marsella (Francia), y que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs (c-arriba); Salud, Antoni Comín (d-arriba); Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa (i-abajo): Interior, Joaquim Forn (c-abajo); y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret (c-abajo). EFE/ Puigdemont y cinco de sus consejeros viajaron a Bruselas desde Marsella
La fiscalía cerca a Puigdemont, que ‘huye’ en secreto a Bruselas
El expresident busca asilo político en el país europeo, pese a que desde el Gobierno se recuerda que tiene «libertad de movimientos». La fiscalía presentó una querella contra él y su Govern por rebelión
La situación de Puigdemont se agrava por momento. Después que este lunes se rumoreara que el president cesado por el 155 estuviera en el Palau de la Generalitat –tras publicar una foto de sus interiores en una conocida red social–, se conoció que la foto no era del día y que no era más que una estrategia para jugar al despiste. Porque el ya expresident del Govern cogió un coche hasta Marsella para posteriormente volar hasta Bruselas, donde llegó acompañado de cinco conselleres también cesados por Rajoy: Meritxell Borràs (Gobernación) y Joaquim Forn (Interior) –ambos del PDeCAT–, y Antoni Comín (Salud), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Serret (Agricultura) –de ERC–.
Según distintos medios españoles y belgas, el presidente cesado prevé reunirse con «abogados y responsables políticos» en Bélgica, después de que el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, abriera la puerta el domingo a la concesión de asilo, si bien la oferta fue posteriormente descartada por el primer ministro, Charles Michel. El abogado belga Paul Bekaert confirmó posteriormente que ha sido nombrado «consejero» por el propio Puigdemont, al tiempo que aclaró que el supuesto asilo «aún no se ha discutido». Bekaert fue también el abogado de la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.
Por su parte, el Ministerio de Interior se apresuró este lunes a recordar el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no tiene impuesta ninguna medida que implique restricción a su libertad de movimientos y, por tanto, cualquier actuación al respecto sin contar con una orden judicial conllevaría un presunto delito de detención ilegal.
El viaje a Bélgica de Puigdemont y los otros miembros del Govern se conoció poco después que la Fiscalía anunicara que se ha querellado en la Audiencia Nacional contra el mismo expresident catalán y 13 exconsejeros, por rebelión, sedición y malversación y ha dirigido una segunda querella por esos mismos delitos al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.
En sendos escritos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pide que los querellados presten una fianza solidaria de seis millones en concepto de responsabilidad civil e insta a la citación «urgente» de los veinte querellados y, en caso de incomparecencia, su «inmediata detención».
En las querellas, de alrededor de 100 folios cada una, Maza hace un pormenorizado relato de los hechos presuntamente delictivos del Govern desde noviembre de 2015 -cuando el Parlament aprobó el inicio del proceso soberanista- hasta la actualidad y desglosa las declaraciones públicas de los miembros de la Generalitat para apoyar sus acusaciones.
A los querellados les acusa de alentar «una insurrección» y «un levantamiento violento» con el fin de celebrar el referéndum y consagrar la independencia, lo que, a su juicio, constituye un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel-, que no exige que se esgriman armas, ni combate, ni actos de violencia graves, «o cuanto menos de sedición», castigado con un máximo de 15 años.
Para la Fiscalía, la resolución de los querellados de cometer el delito fue «firme» en tanto que «procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público».
Maza asegura que los querellados no buscaban solo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, sino que, a través de las entidades soberanistas -principalmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cutural-, realizaron llamamientos a la movilización popular «como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista».
Desconvocada la mesa
Antes, por la mañana, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dio por por desconvocada la reunión de la Mesa prevista en principio para hoy, al considerar que su convocatoria queda «sin efectos» tras la disolución de la cámara catalana anunciada el viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
A su vez, El conseller cesado de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, aseguró, tras salir de la sede del departamento, que acudió a su despacho a «hacer el trabajo que nos ha encomendado el pueblo de Cataluña» y que hoy continuará «normalmente» con su agenda.
Por su parte, el Gobierno reclamó al Tribunal Constitucional que anule de forma urgente y con la mayor claridad y contundencia posible la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes, que, a juicio del Ejecutivo, «tiene evidentes efectos jurídicos y vinculantes».
El Ejecutivo, en el incidente de ejecución de sentencia que ha presentado hoy ante el TC, invoca el artículo 161.2 de la Constitución, que garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones aprobadas por el Parlament el pasado viernes 27 de octubre para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente. De hecho, el TC tiene previsto celebrar hoy un pleno en el que suspenderá la declaración de independencia cuando admita a trámite el incidente de ejecución del Gobierno contra la misma.
En el incidente de ejecución, el Gobierno considera que esas resoluciones «son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos», es decir, pretenden culminar el ‘proceso constituyente’ y, si no se anulan, «producirán efectos inmediatos».