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El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / EFE
La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado llevar al presidente catalán, Quim Torra, a la Fiscalía por la responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido al mantener los símbolos independentistas en los edificios públicos de la Generalitat y ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que los retiren antes de las 15.00 horas de este viernes.
La JEC ha decidido activar las tres medidas que tenía encima de la mesa desde inicios de semana, cuando comprobó que Torra no atendía al segundo ultimátum de 24 horas que le dio para que quitara las "esteladas", los lazos amarillos (luego blancos), las pancartas, los símbolos o las imágenes "partidistas".
En un pasaje del texto del acuerdo, la Junta llega a tachar de "burla" la actitud del presidente catalán.
Además de acudir a la Fiscalía por las posibles responsabilidades penales, lo que podría acarrear la inhabilitación de cargo público para Torra, la Junta Electoral ha pedido al conseller de Interior del Govern que de "forma inmediata" ordene a los Mossos que retiren de fachadas y demás lugares visibles desde la vía pública tales elementos con un plazo que vence a las 15.00 horas de mañana.
Si para entonces no se ha completado "estrictamente" el acuerdo de la Junta Electoral y así se le comunica, este órgano advierte de que el conseller podría incurrir en responsabilidades administrativas y también penales.
La Junta incide, en este sentido, que su acuerdo no abarca sólo la retirada de los símbolos o las pancartas, los lazos o las "esteladas", sino también la vigilancia para que estos no vuelvan a lucir durante el periodo electoral.
Es la primera vez que se da desde la autoridad electoral una instrucción de esta índole a un cuerpo de seguridad.
La tercera medida adoptada por la Junta avanza por la vía administrativa. Considera la autoridad electoral que Torra ha vulnerado el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que hace alusión, entre otros aspectos, al uso de imágenes o expresiones similares a las que hayan usado o usen las entidades políticas que concurran a las elecciones.
Apertura de expediente
Por ello, se abre al presidente de la Generalitat un expediente sancionador conforme a lo que establece la norma citada para autoridades o funcionarios, es decir, cuantías que van desde los 300 a los 3.000 euros.
En el último de los acuerdos, el órgano electoral insta a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a que informe a la propia Junta sobre si en el plazo previsto se han cumplidos las exigencias.
Los argumentos que esgrime la Junta para la notificación son críticos con el presidente de la Generalitat, al que reprocha que a pesar de dos requerimientos expresos para la retirada de lazos y otros símbolos "ni impulsó ni controló su ejecución" en las fechas debidas.
Añade que tras revisar el informe que este mismo jueves envió la Delegación del Gobierno, "ha ordenado o permitido la sustitución de esos símbolos por otros con idéntico significado partidista", y ello la Junta lo ve como "una reiteración de la vulneración" del mencionado artículo 50.2 de la LOREG.
A continuación, se refleja el pasaje más crítico con Torra: "La actuación llevada a cabo -este jueves-, que no puede entenderse o valorarse ni tan siquiera como un intento de cumplimiento formal, no tiene otra finalidad que eludir o burlar los requerimientos" del órgano electoral.
Sin embargo, pocos minutos después de conocer las decisiones adoptadas, el presidente catalán ha abogado por defender la libertad de expresión "hasta las últimas consecuencias".
Antes de la resolución de la JEC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, se ha alineado con la autoridad electoral al afirmar que el Ejecutivo hará lo que le pida con "con serenidad, pero también con mucha determinación".
El líder del PP, Pablo Casado, no obstante, ha pedido a Sánchez que recurra a la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de los Mossos.