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La sorpresiva demanda que se dispara con el decreto de ahorro energético

El decreto de ahorro energético dispara la venta de puertas automáticas

25 sep 2022 / 10:33 h - Actualizado: 25 sep 2022 / 10:35 h.
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La demanda de puertas automáticas para cualquier local con acceso directo desde la calle se ha disparado desde este agosto para cumplir con el plan de ahorro energético del Gobierno, lo que está beneficiando a fabricantes de puertas e instaladores, mientras complica la vida de los pequeños comercios.

El real decreto de ahorro energético que el Ejecutivo aprobó a principios de agosto prevé medidas como limitar la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción, así como obliga a instalar antes del 30 de septiembre un sistema de cierre de puertas automático para impedir que se gaste energía cuando quedan abiertas.

Esta última medida afecta, principalmente, a tiendas, supermercados, centros comerciales, teatros, cines, auditorios, salas de exposiciones, bares, restaurantes y cafeterías.

MANUSA, LÍDER EN FABRICACIÓN

La compañía Manusa, con sede en Barcelona y líder en España en fabricación de este tipo de puertas, ha notado el impacto de la nueva norma y ha visto incrementarse un 30 % la demanda de sus productos desde la vuelta de las vacaciones de verano.

«La demanda y el interés empezó a notarse a finales de agosto. Y desde entonces está siendo muy dinámica y va creciendo semana a semana», ha explicado a EFE el consejero delegado de Manusa, José F. Medina.

Pese a la avalancha de pedidos que están recibiendo, Medina ha asegurado que la compañía tiene capacidad suficiente para asumir esa carga extra de trabajo y ha apuntado que, de momento, se mantienen los plazos de entrega, que son de alrededor de 4 semanas.

Con 50 años de experiencia en el sector, Manusa, que cuenta con un plantilla de 350 trabajadores, baraja la posibilidad de incrementar las contrataciones, sobre todo de instaladores, si fuera necesario para atender este pico de demanda.

La compañía, con fábricas en Valls (Tarragona) y Polinyà (Barcelona), vende sus productos en 90 países y cuenta con filiales en Portugal y Brasil, así como en China, donde tiene un centro productivo para suministrar a esa región.

La firma tiene también centros de producción por toda la geografía española en los que se acaba ensamblar el producto.

LOS COMERCIOS TEMEN LAS MULTAS

Como consecuencia del decreto de ahorro energético, ha aumentado también mucho la búsqueda de instaladores de puertas automáticas, hasta el punto de que muchos comercios aseguran que están teniendo problemas para poder cumplir con la norma por la falta de estos profesionales.

Los comercios, en especial los pequeños, han denunciado que el plazo que prevé la normativa para instalar las puertas es excesivamente corto y muchos han advertido que no podrán llegar a tiempo al 30 de septiembre, con lo que se exponen a multas.

En Cataluña, más de la mitad de los comercios catalanes asegura que no llegará a esa fecha con los deberes hechos, según ha explicado a EFE el presidente de la patronal PimeComerç, Àlex Goñi.

«Es imposible. No hay tiempo, ni suficiente material ni mecanismos para atender la demanda. Ni siquiera con buena voluntad podría hacerse», ha exclamado.

Por su parte, el presidente de la asociación RetailCat -que aglutina a miles de comercios catalanes-, Joan Carles Calbet, ha explicado también a EFE que «muy pocos están instalando las puertas» y ha lamentado que se obligue al sector a inversiones como ésta «cuando hacemos ya todo lo posible para ahorrar energía ya que nuestras facturas se han triplicado respecto a las de hace un año».

Según fuentes del sector, la instalación de una de estas puertas automáticas cuesta entre 2.500 y 5.500 euros.

EL GRAN COMERCIO, EL MÁS DINÁMICO

El gran comercio y las marcas del retail más renombradas son las que avanzan a mejor velocidad en la instalación de estos sistemas de cierre, con los que en muchos casos ya contaban.

Las multas previstas en caso de incumplimiento de las medidas recogidas en el decreto de ahorro energético pueden llegar a los 60.000 euros, aunque la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ya en agosto que el objetivo es impulsar el cambio y no sancionar.


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