Pedro H. R. empezó a trabajar de camarero en un restaurante de León en noviembre de 2022, y no dijo que era gitano por la misma razón por la que nadie dice el número de calzado que usa o el grupo sanguíneo al que pertenece, es decir, porque es innecesario. Sin embargo, aunque la dueña del establecimiento lo trató “maravillosamente” durante lo que quedaba del año 2022, el día de Nochevieja todo cambió. Entró en el restaurante un grupo de amigos que eran gitanos y bromearon con Pedro, el camarero. Cuando la propietaria notó esa complicidad, le preguntó a su empleado si él era gitano y, como este le dijo que sí, todo cambió radicalmente a partir de aquel instante. No mitigó la situación de tensión ni el hecho de que fueran Navidades, porque justo al terminar las fiestas, el 8 de enero, la jefa le dio de baja, aunque parece ser que el trabajador siguió acudiendo a su puesto de trabajo hasta que la semana siguiente lo citó en la puerta de un conocido centro comercial para decirle que no fuera más.
La versión de la empresa -según recoge la sentencia del Juzgado de lo Social Número 3 de León- no es una, sino triple: que fue una baja voluntaria, que no superó el período de prueba o que no se presentó a trabajar a partir del día 8 de enero de 2023. Todo lo pone en duda la sentencia que ha hecho pública ahora la Fundación Secretariado Gitano, pues el juez ve claros indicios de contradicción y, en cambio, parece tener claro que la única razón por la que la dueña del restaurante echó a Pedro H. R. fue que era gitano. Sin paliativos. De hecho, la propietaria le llegó a decir que eso de que era gitano tenía que haberlo sabido ella antes porque debía conocer quién trabajaba en su restaurante. Además, el trato de la jefa cambió de la noche a la mañana y empezó a proferir comentarios como que el camarero tenía que “leer más y aplicarte en los estudios, en vez de sentarte con primos a tomar litronas y tocar guitarras”. De hecho, otro día de enero de 2023, al ver a un grupo de hombres gitanos en el restaurante, la jefa le espetó directamente a Pedro: “¿Ves por qué no quiero gitanos trabajando aquí? Antes venían de vez en cuando, pero ahora a menudo, y eso no es bueno para el negocio”.
Fue el 16 de enero cuando la jefa citó a Pedro en la puerta del mencionado centro comercial para decirle, verbalmente, que ya no lo necesitaba más, sin darle más explicaciones sobre los motivos de su despido. Y entonces fue el camarero acudió a la Fundación Secretariado Gitano en busca de amparo. Lo atendió una técnica de Igualdad especializada en la lucha contra la discriminación, Selene de la Fuente, que no solo lo animó a presentar una papeleta de conciliación al Servicio de Mediación y Arbitraje de León, sino que luego, al no haber acuerdo alguno, lo acompañó incluso en el juicio, que se ha celebrado este pasado 17 de mayo. La sentencia -que no es firme-, tal vez por la claridad rotunda del caso, está firmada al día siguiente.
La técnica reconoce que “esta sentencia es un buen precedente para los casos tan habituales de discriminación en el empleo por motivos antigitanos que sufren muchas personas gitanas y que son vulneraciones graves de derechos, al limitar o impedir a las personas mejorar sus condiciones de vida”. De la Fuente considera que “sentencias como esta son fundamentales para que haya justicia y una reparación adecuada a las víctimas”. La sentencia considera el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales y le ha impuesto a la dueña del restaurante una indemnización de 7.501 euros, además de abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.
La Fundación Secretariado Gitano espera que este caso sirva para animar a más víctimas a denunciar cuando sufran discriminación racial o étnica en el empleo o en cualquier ámbito, lo que pueden hacer llamando al número 021, activado recientemente para acceder al Servicio de Asistencia a Víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). La Fundación Secretariado Gitano, por su parte, es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y en todo el contexto europeo. Desarrolla programas y servicios para defender los derechos de las personas gitanas principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud o la vivienda, y su trabajo se dirige también a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación, sensibilizar a la sociedad y garantizar la igualdad para todas las personas.