Los yihadistas de Terrassa preparaban una inminente decapitación

La operación se precipitó, según la fiscal, porque «pasaron a la acción» para atentar y preparaban el inminente secuestro de una persona para decapitarla

19 feb 2018 / 19:57 h - Actualizado: 20 feb 2018 / 12:07 h.
"Terrorismo","Yihad islámica"
  • Imagen de archivo de una operación yihadista. / Efe
    Imagen de archivo de una operación yihadista. / Efe

La fiscal ha pedido en el juicio de 10 a 19 años de prisión para diez acusados de formar una célula yihadista en Terrassa (Barcelona) y ha dicho que la operación se precipitó porque «pasaron a la acción» para atentar y preparaban el inminente secuestro de una persona para decapitarla.

La Audiencia Nacional ha reanudado hoy con las conclusiones definitivas el juicio de diez arrestados durante la operación Caronte, desarrollada en 2015 por los Mossos d’Esquadra, en la que la fiscal ha mantenido la petición de 19 años de cárcel para los tres principales acusados y ha solicitado diez para el resto, con lo que ha elevado la petición provisional de 7 para cuatro de ellos.

Según la Fiscalía, la célula se creó a principios de 2014 con la denominación «Fraternidad islámica. Grupo para la predicación del yihad», y, supuestamente, planeaba atentar en lugares emblemáticos de Barcelona como el Parlament.

La fiscal Dolores Delgado ha incorporado hoy como nuevo hecho probado durante el juicio que «la investigación judicial desarrollada sobre la célula hubo de concluirse y procederse a la detención de sus integrantes ante la inminencia de una acción yihadista consistente en el secuestro de una persona sobre la que se habían realizado vigilancias y seguimientos».

Ha añadido que «tras vestirla de naranja emulando a los rehenes del Dáesh se procedería a su decapitación para su posterior divulgación a través de los canales de internet como Youtube».

La fiscal ha destacado que la célula quería cometer acciones en España y para ello financiarse secuestrando a la directora de una sucursal bancaria, y además intentaron fabricar artefactos explosivos con pólvora blanca, hablaron de preparar bombas con bombonas de butano y se les intervino azufre.

Ha advertido de que los acusados decidieron «pasar a la acción mediante la yihad de la espada» y cometer atentados contra «peces gordos» -en palabras de algunos acusados recordadas por la fiscal- de estamentos políticos, militares y policiales.

La representante de la Fiscalía ha solicitado 19 años de cárcel para los presuntos líderes de la célula, Antonio Sáez Martínez, uno de los cuatro españoles conversos al islam que están acusados, y los marroquíes Lahcen Zamzami y Rida Hazem.

Además, ha reclamado 10 años de prisión y seis de libertad vigilada para el resto de acusados de integrar la célula, Taofiq Mouhouch, Kayke Luan Ribeiro Guimaraes, Mohamed El Gharbi, Said Touay y los españoles Gonzalo Cabezas Núñez, David Portolés Franco y Jacob Orellana Casado.

Ha subrayado la «intensidad» del testimonio del agente encubierto de los Mossos infiltrado en la célula, que grabó conversaciones de reuniones con los acusados en los que hablaban de sus planes.

Dolores Delgado ha rebatido la «teoría de la conspiración» alegada por las defensas relativa a que la operación de los Mossos buscaba anular las redes de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil.

En este sentido ha recordado que agentes de los distintos cuerpos coincidieron en los mismos lugares en sus investigaciones como ha ocurrido otras veces, pero se solventó con una labor de coordinación.

Hoy también han informado los abogados de Said Touay, Mohamed El Gharbi, Kayke Luan Ribeiro Guimaraes y Taofiq Mouhouch, que han pedido la absolución de todos ellos al negar que formaran parte de una célula yihadista.

Las defensas han alegado indefensión al no ser informadas en su momento de parte de la investigación como las actas del agente encubierto y han estimado que la acusación se basa en suposiciones.

El abogado de Said Touay ha incidido en la «teoría de la conspiración» y ha estimado que esta operación es fruto de «una decisión política adoptada en 2012 por la que se dieron competencias» en esta materia a los mossos, «que intentaron echar de Cataluña en la lucha antiterrorista a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».

El letrado de Taofiq Mouhouch ha advertido de que podría considerarse que el agente encubierto fue el que provocó el delito cuando junto con otros presuntos miembros de la célula fue en coche a hacer fotos con un móvil de posibles objetivos en la plaza de España y la Villa Olímpica de Barcelona.