El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha aclarado este lunes si se mantendrán las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares y se ha limitado a asegurar que España aplica la normativa internacional protectora de los derechos fundamentales.
Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar las líneas fundamentales de su departamento en esta legislatura, Marlaska ha sido muy escueto pese a que la mayoría de los grupos, incluidos los que apoyan al Gobierno, le han interrogado sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que ha avalado esas devoluciones.
«Les garantizo que hay un respeto absoluto en materia migratoria y en todo el ciclo a los derechos humanos», ha enfatizado Marlaska, antes de explicar que el fallo del TEDH rechaza el ejercicio de la violencia para entrar en un territorio y respalda de tener mecanismos en frontera y en consulados y embajadas para dar respuesta a las solicitudes de asilo.
Y ha concluido: «España cuenta con mecanismos suficientes para la asistencia a las personas solicitantes de protección internacional».
Más escueto ha sido cuando se le ha preguntado por lo que él también ha denominado ‘Delcygate’ y ha reiterado que la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, que tiene prohibido entrar en territorio Schengen, «no entró».
«Lo podremos decir por activa o por pasiva», ha insistido el titular de Interior, quien ha recordado que la Policía sabía perfectamente que «esta señora tenía prohibición de entrada» y no entró.
Ha aprovechado la respuesta a este asunto para asegurar que su ministerio «es otro desde hace casi dos años», en alusión a que se han erradicado las prácticas de lo que se conoció como policía patriótica o política.
En su primera intervención, el ministro se ha referido a la política migratoria, a la que Interior ha dedicado «el 70 por ciento de sus esfuerzos», con los que ha conseguido rebajar hasta en un 50 por ciento la entrada de inmigrantes irregulares. Cuando Pedro Sánchez llegó hace casi dos años a la Moncloa, llegaban cada día 500 inmigrantes «explotadas por las redes», ha recalcado.
Como medidas más significativas, ha citado la que ya anunció hace ahora un año de incrementar la altura de las vallas de Ceuta y Melilla en un 30 por ciento, una medida a la que acompaña la supresión de las concertinas y su sustitución por un método más seguro y menos lesivo.
Ha reconocido que los centros de internamiento de extranjeros no son todo lo adecuados que le gustaría, aunque son «necesarios». No ha aceptado las apreciaciones de algunos diputados de la comisión que han comparado los CIE con Guantánamo.
Durante al intervención de los grupos la diputada de VOX Macarena Olona le ha reprochado la política penitenciaria y el acercamiento de 31 presos etarras al País Vasco, aunque luego ha tenido que reconocer que era el traslado a cárceles próximas a Euskadi.
Marlaska le ha recordado, por su parte, que ninguna asociación de víctimas ha manifestado oposición alguna a esos traslados, que responden a una política de tratamiento individualizado tal y como determina la ley penitenciaria.
«Reflexionen un poco y dejemos a las víctimas un poco tranquilas», ha emplazado el ministro a los diputados.
A preguntas de algunos portavoces, el ministro se ha referido al acuerdo firmado para transferir la gestión del tráfico a Navarra y ha dejado claro que «ningún guardia civil saldrá de la comunidad si no quiere».
Precisamente, a la Guardia Civil se ha referido la diputada de VOX para reprochar al ministro que recriminara a este cuerpo que no informara de la operación Judas contra los CDR.
Olona ha llegado a decir al ministro que el Instituto Armado «solo obedece al Duque de Ahumada», una afirmación que le ha afeado Marlaska, sobre todo porque la diputada es abogada del Estado y debería saber que en muchas ocasiones los agentes actúan como policía judicial a las órdenes de los jueces.
Por lo demás, el titular de Interior ha reiterado los proyectos que tiene en cartera, entre ellos, uno prioritario: derogar la «fallida» ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley Mordaza», para adaptarla a una norma «moderna, adaptada inequívocamente a los valores constitucionales, consensuada y que ofrezca también un marco de actuación a las fuerzas de seguridad».
La anécdota de la sesión ha llegado al término de la misma y tras cuatro horas y media cuando Olona ha intervenido por una cuestión «de orden público» para comunicar que la diputada del Grupo Republicano María Carvalho exhibía en su tablet una pegatina en la que podía leerse «fora vox».
Una vez finalizada la sesión, la presidenta de la comisión, Ana Botella, ha llamado a Carvalho para comprobar que efectivamente portaba esa pegatina, pero como ni ella misma ni ningún miembro de la mesa se habían percatado en el transcurso de la comparecencia, no ha podido adoptar ninguna medida, aunque estudiará si procede hacerlo.