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La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García (c); la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa. EFE/ Zipi
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley que protegerá a las personas que informen sobre casos de corrupción e infracciones en sus empresas o en la administración, una norma que incluye sanciones de hasta un millón de euros para quien adopte represalias contra esos trabajadores.
Se trata de la trasposición de una directiva europea aprobada en 2019 y que tenía que estar desde diciembre plasmada en la legislación nacional, por lo que, ante el retraso, la Comisión Europea abrió en febrero un procedimiento de infracción contra España y otros veinticinco Estados miembros.
El objeto de la directiva es proteger a quienes informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicación y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
«Con esta nueva regulación se va a incrementar la cultura anticorrupción, de la transparencia y de la calidad democrática en el ámbito de la administración y empresarial», ha manifestado la ministra de Justicia, Pilar Llop, convencida de que la ley será «un antídoto contra las prácticas corruptas»
Llop ha subrayado la importancia de las multas para evitar represalias a quien informe de infracciones normativas, de hasta un millón de euros, y también de la posibilidad de presentar denuncias anónimas a través de canales que garanticen la confidencialidad.
Autoridad de protección del informante
Según ha apuntado, habrá una autoridad independiente de protección del informante, un canal externo para recibir denuncias, pero tendrán carácter preferente los canales internos, que deberán crearse en las empresas de más de 50 trabajadores y en el sector publico estatal, autonómico y local.
La corrupción, ha recordado, es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, pero se abren pocos procedimientos judiciales y hay pocas condenas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
A su juicio, con este anteproyecto España dará respuestas a los informes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea sobre la corrupción y el Estado de derecho en España.
Según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado, la directiva se dirige tanto al sector público como al privado y persigue proteger a los denunciantes de corrupción de forma que cualquier ciudadano y funcionario pueda denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca.
De acuerdo a la normativa, además de las empresas deberán tener un sistema interno de información partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos.
Lo mismo ocurrirá con las administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.
Además, los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir medios para la recepción de denuncias con otros ayuntamientos o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma Comunidad Autónoma, aunque cada corporación local tenga un responsable de su sistema interno de información.
Justicia destaca que con esta nueva norma se cumple con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y con los objetivos del Gobierno en la lucha contra la corrupción, incluidos en el acuerdo de coalición.