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El presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a su salida de un restaurante de Girona el pasado sábado. EFE/Marta Pérez
El abogado belga Paul Bekaert ha confirmado hoy que ha sido nombrado “consejero” por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, según publica el diario L’Echo y difunde la cadena pública flamenca de televisión VRT.
Bekaert fue también el abogado de la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.
Puigdemont viajó hoy a Bruselas junto a cinco exconsejeros de su Gabinete, que, como él, fueron destituidos el pasado viernes por un decreto del Ejecutivo español para restablecer la legalidad tras la declaración de independencia de esa región.
POSIBILIDADES DE ASILO EN BÉLGICA
La situación del expresidente catalán Carles Puigdemont no encajaría en ninguno de los supuestos por los que un país podría concederle asilo, salvo que Bélgica se acogiera excepcionalmente al protocolo 24 del Tratado de la UE, lo que provocaría un controversia importante con España.
El caso del expresidente de la Generalitat, que ha viajado a la capital belga con cinco exconsellers, no se ajusta a la figura del asilo territorial, dado que España es un “Estado seguro” en el sentido del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951.
Además, los hechos cometidos por Puigdemont constituyen para la Fiscalía delitos graves comunes (sedición o rebelión) cometidos antes de la solicitud de asilo, que quedan fuera de la protección de Ginebra.
El asilo diplomático consiste en la protección a una persona objeto de persecución política o ideológica que se refugia en la misión diplomática de otro Estado.
Para ello, Puigdemont debería encontrarse en los locales de una misión diplomática en Madrid (o consular no honorario en Barcelona) y esta figura no rige entre países pertenecientes a la Unión Europa.
Respecto a este tipo de asilo, la confianza legítima entre los Estados miembros en que se funda el proceso de integración europea, hacen incompatible con la pertenencia a la UE la concesión de asilo a un nacional español por parte de otro Estado miembro.
Sin embargo, Bélgica podría acogerse a la posibilidad excepcional que le brinda el Protocolo 24 del Tratado de la Unión Europea, lo que provocaría una controversia importante entre ambos Estados, ya que sería poner en tela de juicio la consideración de España como “Estado seguro” y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la UE.
El Gobierno de José María Aznar consiguió en 1997 que la UE incorporara un protocolo al Tratado de Amsterdam -conocido como protocolo 24- sobre la limitación de la concesión de asilo político a ciudadanos de la UE.
El protocolo considera “inadmisible”, salvo en casos de ruptura del orden democrático, y en cualquier caso “infundada”, la tramitación de cualquier solicitud de asilo político presentada por ciudadanos de la UE en otro Estado miembro.
INTERIOR recuerda que Puigdemont tiene libertad de movimientos
El Ministerio de Interior ha recordado este lunes que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no tiene impuesta ninguna medida que implique restricción a su libertad de movimientos y, por tanto, cualquier actuación al respecto sin contar con una orden judicial conllevaría un presunto delito de detención ilegal.
Tanto Puigdemont como otros cinco ex consellers de la Generalitat --Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Dolors Bassa y Antoni Comin-- se encuentran este lunes a Bruselas, un viaje que tiene lugar sólo un día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, provocase una polémica al abrir la puerta a la concesión de asilo a Puigdemont.
Ante este viaje a Bélgica, fuentes del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido han recordado que a día de hoy no existe ningún tipo de restricción a la libertad de movimientos ni de Puigdemont ni del resto de exconsellers y, por tanto, cualquier acción encaminada a impedir su libertad “sin orden judicial” supondría incurrir en un presunto delito de detención ilegal.
Las mismas fuentes han subrayado que, por ello, la situación del expresidente y los exconsellers en este momento está fuera de su mbito de actuación. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado una querella contra los ex miembros del Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación.