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Un coche sale del Palau del a Generalitat, donde Puigdemont ha establecido una ronda de consultas de cara a la respuesta al requerimiento. / Europa Press -
El actual conflicto catalán está en ese intermedio en el que no se sabe si el nudo comienza a desatarse o el embrollo continuará creciendo, y sin que se adivine si cortarlo de un tajo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución lo resolverá o todo empeorará.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene poco margen de maniobra para destensar el conflicto, para empezar por la presión del independentismo, al que decepcionó la suspensión de la independencia el martes. Tal vez aproveche para deshacerse de sus aliados de la CUP y a lo mejor gobernar apoyado en otras fuerzas, como Catalunya Sí que es Pot, escépticos con el referéndum del 1-O pero favorables a una consulta pactada.
Pero Puigdemont también puede enrocarse en ese independentismo, que la suspensión de la independencia pase a proclamación solemne, el Gobierno aplique el 155 y acabe todo de manera imprevisible para las personas, pero previsible para el Estado: ganará por la fuerza.
De momento, fuentes de la Generalitat señalan que Puigdemont agotará el plazo del requerimiento hecho por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy –que finaliza el próximo lunes a las 10.00 horas– para aclarar si declaró o no la independencia. Tampoco adelantará antes su respuesta.
El president de la Generalitat prepara su respuesta con múltiples contactos y consultas, mientras la CUP se añadió ayer a las presiones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para proclamar ya la república catalana, antes de que las disposiciones del artículo 155, cualquiera que sean –la Constitución deja ese campo totalmente abierto– entren en vigor.
Así ayer desfilaron por el Palau de la Generalitat consellers, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de la otra asociación independentista, Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con quienes Puigdemont analizó los escenarios que se abren a partir de ahora.
Aunque Puigdemont espera al lunes para responder al requerimiento de Rajoy, el domingo tiene previsto pronunciar un discurso tras la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 77 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista.
Mientras tanto, después de que el jueves la ANC acordara pedir al Parlament que levante la suspensión de la declaración de independencia ante «la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo», ayer la CUP se expresó en esta misma línea.
En una carta dirigida a Puigdemont, la CUP le ha pedido que proclame la república antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía, al considerar que el requerimiento al presidente catalán supone una «amenaza» y no hay visos de que prospere una mediación internacional.
Estas presiones las minimizó el expresident de la Generalitat Artur Mas: Ni la CUP ni la ANC «presiden el gobierno de Cataluña», y consideró en cambio esencial el reconocimiento exterior a la independencia.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró ayer que si Cataluña se independizara de España, otras regiones europeas harían lo mismo, y añadió que el Ejecutivo comunitario no actúa como mediador en esa situación porque se crearía «más caos» en la Unión Europea, que no está dispuesta a convertirse en un club de «98» países socios.
Además abundó en la negativa de la Comisión Europea para mediar entre Madrid y Barcelona y explicó que si lo hiciera se crearía «mucho más caos en la Unión Europea» y recalcó que él negocia solo entre Estados miembros del club comunitario.
Sin embargo, también hubo una queja dirigida a Rajoy: «Durante algún tiempo, pedí al presidente del Gobierno español que tomara iniciativas para que la situación en Cataluña no se convirtiera en lo que es ahora», declaró el luxemburgués.
De momento, el aliado más fiel que tiene Puigdemont fuera de Cataluña es el PNV. Y no es cualquier cosa: sin mayoría absoluta del PP, sus cinco diputados son cruciales para mantener a Rajoy en la Moncloa.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, consideró ayer que las aspiraciones «legítimas» de la sociedad catalana deben tener «una respuesta desde la conjugación del principio democrático con el principio de legalidad», y esquivó «dar consejos» a su homólogo catalán.
ADOCTRINAMIENTO Y CANNABIS
En la otra parte, la de los partidos contrarios al referéndum y por supuesto a la independencia, ha sido Ciudadanos, que anunció que defenderá la semana que viene en el Congreso una batería de medidas para que la Fiscalía y la Alta Inspección puedan combatir el «adoctrinamiento del odio nacionalista» en las escuelas catalanas y en otras «regiones» donde «se está comenzando un proceso similar»: la Comunidad Valenciana y Baleares y garantizar la «neutralidad ideológica y política de los centros docentes». Además, solicita desarrollar también la normativa para que contemple la exigencia de «responsabilidades disciplinarias» a directores y profesores.
El Gobierno, atadas las manos con el Procés hasta que pase el plazo del requerimiento, sí recurrió «por invasión de competencias del Estado» la ley de clubes de cannabis de Cataluña.
El actual conflicto catalán está en ese intermedio en el que no se sabe si el nudo comienza a desatarse o el embrollo continuará creciendo y sin que se adivine si cortarlo de un tajo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución lo resolverá o todo empeorará.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene poco margen de maniobra para destensar el conflicto, para empezar por la presión del independentismo, al que decepcionó la suspensión de la independencia el martes. Tal vez aproveche para deshacerse de sus aliados de la CUP y a lo mejor gobernar apoyado en otras fuerzas, como Catalunya Sí que es Pot, escépticos con el referéndum del 1-O pero favorables a una consulta pactada.
Pero Puigdemont también puede enrocarse en ese independentismo, que la suspensión de la independencia pase a proclamación solemne, el Gobierno aplique el 155 y acabe todo de manera imprevisible para las personas, pero previsible para el Estado: ganará por la fuerza.
De momento, fuentes de la Generalitat señalan que Puigdemont agotará el plazo del requerimiento hecho por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy –que finaliza el próximo lunes a las 10.00 horas– para aclarar si declaró o no la independencia. Tampoco adelantará antes su respuesta.
El president de la Generalitat prepara su respuesta con múltiples contactos y consultas, mientras la CUP se añadió ayer a las presiones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para proclamar ya la república catalana, antes de que las disposiciones del artículo 155, cualquiera que sean –la Constitución deja ese campo totalmente abierto– entren en vigor.
Así ayer desfilaron por el Palau de la Generalitat consellers, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de la otra asociación independentista, Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con quienes Puigdemont analizó los escenarios que se abren a partir de ahora.
Aunque Puigdemont espera al lunes para responder al requerimiento de Rajoy, el domingo tiene previsto pronunciar un discurso tras la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 77 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista.
Mientras tanto, después de que el jueves la ANC acordara pedir al Parlament que levante la suspensión de la declaración de independencia ante «la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo», ayer la CUP se expresó en esta misma línea.
En una carta dirigida a Puigdemont, la CUP le ha pedido que proclame la república antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía, al considerar que el requerimiento al presidente catalán supone una «amenaza» y no hay visos de que prospere una mediación internacional.
Estas presiones las minimizó el expresident de la Generalitat Artur Mas: Ni la CUP ni la ANC «presiden el gobierno de Cataluña», y consideró en cambio esencial el reconocimiento exterior a la independencia.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró ayer que si Cataluña se independizara de España, otras regiones europeas harían lo mismo, y añadió que el Ejecutivo comunitario no actúa como mediador en esa situación porque se crearía «más caos» en la Unión Europea, que no está dispuesta a convertirse en un club de «98» países socios.
Además abundó en la negativa de la Comisión Europea para mediar entre Madrid y Barcelona y explicó que si lo hiciera se crearía «mucho más caos en la Unión Europea» y recalcó que él negocia solo entre Estados miembros del club comunitario.
Sin embargo, también hubo una queja dirigida a Rajoy: «Durante algún tiempo, pedí al presidente del Gobierno español que tomara iniciativas para que la situación en Cataluña no se convirtiera en lo que es ahora», declaró el luxemburgués.
De momento, el aliado más fiel que tiene Puigdemont fuera de Cataluña es el PNV. Y no es cualquier cosa: sin mayoría absoluta del PP, sus cinco diputados son cruciales para mantener a Rajoy en la Moncloa.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, consideró ayer que las aspiraciones «legítimas» de la sociedad catalana deben tener «una respuesta desde la conjugación del principio democrático con el principio de legalidad», y esquivó «dar consejos» a su homólogo catalán.
Adoctrinamiento
y cannabis
En la otra parte, la de los partidos contrarios al referéndum y por supuesto a la independencia, ha sido Ciudadanos, que anunció que defenderá la semana que viene en el Congreso una batería de medidas para que la Fiscalía y la Alta Inspección puedan combatir el «adoctrinamiento del odio nacionalista» en las escuelas catalanas y en otras «regiones» donde «se está comenzando un proceso similar»: la Comunidad Valenciana y Baleares y garantizar la «neutralidad ideológica y política de los centros docentes». Además, solicita desarrollar también la normativa para que contemple la exigencia de «responsabilidades disciplinarias» a directores y profesores.
El Gobierno, atadas las manos con el Procés hasta que pase el plazo del requerimiento, sí recurrió «por invasión de competencias del Estado» la ley de clubes de cannabis de Cataluña.