El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene ya cerrada la estructura del que será el primer Ejecutivo de coalición en España y que debería poner fin a la "crisis" de Cataluña mediante las "herramientas" que ofrece la Constitución, en cuyo marco ha situado también el posible acuerdo PSOE-ERC.
El acto del 41 aniversario de la Carta Magna que un año más ha celebrado el Congreso ha reunido a la clase política, a autoridades, presidentes autonómicos y periodistas, y tal y como está el contexto, a vueltas con las negociaciones para que haya investidura, y para que la haya cuanto antes, estaba claro el asunto que ha recorrido todas las conversaciones.
El acto es una secuencia sencilla (llegada de autoridades, colocación en la sala, intervención de la presidenta del Congreso y posteriores conversaciones informales), pero da pie a un sinfín de informaciones.
En una de esas conversaciones, Sánchez ha dicho que las negociaciones con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, van bien, hasta el punto de que la estructura del Ejecutivo ya está definida; falta ultimar los acuerdos programáticos.
Y queda pendiente lo más importante: que la investidura reciba los apoyos suficientes en el Congreso cuando se celebre.
Para ello son esenciales las negociaciones con ERC, cuyos trece diputados pueden allanar la formación de un nuevo Gobierno.
El líder socialista ha defendido el transcurso de las negociaciones con el partido independentista básicamente porque la legislatura que comenzó el martes pasado, la decimocuarta, será la que encauce la crisis de Cataluña, que no puede seguir "abierta" más tiempo, ha puntualizado en su conversación informal con los periodistas.
Las soluciones vendrán de la propia Constitución, ha destacado, e incluso ha dado un paso más, toda vez que las negociaciones con ERC no están aún resueltas: el acuerdo al que llegue el PSOE con esta formación será "constitucional".
La vicepresidenta, Carmen Calvo, y otras fuentes del Gobierno han incidido en esta idea.
De hecho, es la que el propio Sánchez ha lanzado nada más llegar al Congreso. Ha asegurado a los periodistas, aunque no ha aceptado luego preguntas de los medios, que la Constitución cuenta con herramientas para solucionar los "conflictos sociales y políticos" del país, entre ellos la "crisis política y territorial" de Cataluña.
Si la Carta Magna sirvió para crear el Estado de las autonomías y ha servido para consolidarlo, servirá también para poner remedio a la "mancha" que a diario aparece en los medios de comunicación, según sus palabras. Esa "mancha" es la crisis de Cataluña.
Otra de las ideas fundamentales que ha planteado el presidente en funciones es la necesidad de que ahora prime el encuentro entre "diferentes", y así, acabe otra crisis, la de la gobernabilidad.
Para zanjarla se vislumbra clave la reunión que el próximo martes tendrán en Barcelona los equipos negociadores del PSOE y de ERC, la tercera.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho un planteamiento similar al de Sánchez durante su intervención, y por ello, ha destacado que la Constitución es el molde en el que caben ahora las funciones de los partidos y de la clase política.
Funciones que deben basarse en el diálogo, base y soporte del texto constitucional, tal y como ha recordado, y en su "eficacia integradora". "Quien defiende la Constitución debe esforzarse por integrar en ella y sus valores a quienes se puedan sentir alejados o excluidos", ha apostillado.
En ausencia de las formaciones nacionalistas e independentistas, que un año más no han acudido al acto de aniversario de la Carta Magna, Batet ha efectuado estos llamamientos porque las elecciones del pasado 10 de noviembre han provocado un Congreso caracterizado por no tener "mayorías claras" y por la "fragmentación".
Son precisamente estos los elementos que juegan en contra de la investidura, aún sin fecha.
El propio Sánchez y varios ministros han subrayado en sus charlas posteriores al acto de aniversario de la Constitución que no importa tanto el cuándo como el qué, pero no han logrado diluir las cábalas sobre las fechas.
Pablo Iglesias, de hecho, tras defender la vigencia de los artículos sociales del texto constitucional y abogar por su defensa, ha incluido un plazo hasta ahora no contemplado: "antes de fin de año".
No obstante, acto seguido, ha matizado que si tiene que convocarse la investidura en enero, que sea en enero.
Quien ha marcado aún más distancia con los planes de Sánchez ha sido el líder del PP, Pablo Casado. Ni tiene intención de socorrer al secretario general del PSOE ni le ve a él yendo a su "balcón" si fracasan las negociaciones con ERC.